La Comisión Europea propuso este miércoles que los gobiernos de la Unión Europea que no quieran participar en un nuevo mecanismo de emergencia para repartir la carga de la acogida de refugiados en casos de crisis puedan evadirse a cambio de pagar una cantidad determinada por cada uno de los refugiados que no acepte, informaron fuentes europeas citadas por el portal español Público.
Con ello Bruselas dejó de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublín ─que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona─ para incluir el mecanismo de emergencia.
La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo, sí contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO, por sus siglas en inglés) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno.
Así, el mecanismo de corrección se activaría al detectar que la llegada de demandantes de asilo supera en un 50% la capacidad total de un país para atender refugiados, y se pondría en marcha de manera temporal, hasta que las cifras se estabilizaran y la sobrecapacidad se redujera por debajo de ese 50%.
La clave de reparto para distribuir entre el resto las plazas que un Estado miembro no pueda asumir porque se encuentra bajo una "presión desproporcionada" se fijará en función de la población de cada país y de su PIB, aunque tendrá también en cuenta el "esfuerzo" que ya haga para acoger a refugiados llegados de países terceros.
Con todo, Bruselas contempla que un gobierno pueda rechazar "temporalmente" formar parte de este sistema de emergencia: podría eludir la responsabilidad a cambio de pagar una compensación económica por cada refugiado que no acepte acoger en el marco del mecanismo de solidaridad. La cantidad recaudada se redirigirá a los Estados miembros que cubran las plazas que el país que se dé de baja temporalmente no acepte.
Cuestionamientos al acuerdo de Europa con Turquía
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó este miércoles una denuncia contra el acuerdo entre la UE y Turquía ante la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo Europeo por la vulneración de los derechos de las personas refugiadas. La denuncia tiene el apoyo de 294 organizaciones y más de 11.000 firmas individuales.
CEAR y el resto de firmantes pretenden que las instituciones europeas "señalen el carácter ilegal del acuerdo con el gobierno turco y que se detengan las expulsiones a Turquía desde Grecia". Las organizaciones recuerdan que sólo en marzo, cuando apenas habían pasado unos días después de la entrada en vigor del acuerdo, la UE inició la expulsión de más de 300 personas, varias de las cuales habían pedido asilo.
Las organizaciones denunciantes exigen a las instituciones europeas que investiguen cómo la aplicación del acuerdo supone una vulneración de la normativa europea e internacional de asilo, así como de los derechos de las personas refugiadas. Asimismo, piden que hagan un llamamiento a los estados miembros de la UE a retirar su apoyo al acuerdo. “Retirar el acuerdo con Turquía es la última oportunidad para que la UE recupere la decencia, evite poner en riesgo la vida de miles de personas que han huido de la guerra, y no convierta los tratados que ha firmado sobre derechos humanos y derecho de asilo en papel mojado”, sostiene Estrella Galán, secretaria general de CEAR.
"El número de apoyos a esta iniciativa demuestra que la UE toma decisiones en contra de una sociedad que les reclama que se ocupe de garantizar los derechos y acoger dignamente a los refugiados, en vez de idear acuerdos para saltarse la ley”, reivindicó Galán. CEAR recuerda además que la petición de firmas individuales seguirá abierta en las próximas semanas para seguir mostrando el rechazo ciudadano al acuerdo UE Turquía.
