El juez de la Suprema Corte Jorge Nanclares insistió con llevar la situación del hacinamiento carcelario en Mendoza al centro de la agenda política que involucra a la Justicia y el Gobierno como poderes independientes en la cúspide de las decisiones del Estado en materia de seguridad. Una trama de intrigas entre facciones completan la escenografía de los tiempos modernos de la Justicia y la política en la Provincia.
Nanclares encabezó un acto para anunciar "mejoras" al sistema de adopciones. En la conferencia de prensa las preguntas viraron hacia la interna en el Poder Judicial con injerencia directa del gobernador Alfredo Cornejo. Nanclares negó las evidencias sobre la existencia de dos bandos en disputa de poder que fue descripta con pelos y señales y de forma didáctica por el periodista Daniel Peralta en la edición dominical del diario Los Andes.
No obstante, a renglón seguido de la gambeta a la interna enarboló la bandera de guerra de la facción que integra en la interna: la de los denominados garantistas, que se referencian con el supremo Omar Palermo. "Hay que tener en cuenta que el problema de la inseguridad no se resuelve sólo hacinando gente en la cárcel o diciendo que un menor de 14 años es una persona irrecuperable", concluyó el juez en defensa clara de la postura que rechaza el gobierno radical.
"Tenemos mucho trabajo que hacer en el tema de las cárceles, tenemos mucho trabajo que hacer en el tema de hacinamiento", levantó la voz Nanclares para resaltar la importancia que le daba.
"Yo he hecho la visita de cárcel y realmente uno observa que falta mucho por trabajar, mucho por mejorar. La Cárcel de Cacheuta también superó su capacidad, la situación de hacinamiento es una situación real y lo hemos descripto en los dos hábeas corpus que hemos firmado. Le hemos querido llamar la atención a la sociedad en que tenemos que seguir trabajando en este déficit social, que es uno más de los que hay", declaró el juez Nanclares resumiendo las acciones que el grupo que integra ha interpretado con la oposición del otro grupo, referenciado en el Procurador, Rodolfo González, al que suscribe el gobernador con sus operadores en la Justicia, principalmente los camaristas José Valerio (Segunda Cámara) y Alejandro Gullé (Sexta Cámara).
Las facciones se han enfrentado por la prisión preventiva. Nanclares y Palermo, junto a Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez compusieron la mayoría de la Suprema Corte que le dio la razón a dos presentaciones contra la política de aplicación de la preventiva, a cargo de González.
Nanclares incluyó en el discurso mediático la postura central sobre la materia: "La prisión preventiva es una institución procesal no una pena anticipada". Se dicta prisión preventiva a los sospechosos. Hasta ahora se usaron en la práctica dos criterios para su cesión: las posibilidades reales de fuga o de entorpecer la investigación de parte del sindicado sin sentencia y la pena mínima posible por el delito imputado, con prevalencia del último. Si el delito en cuestión prevé pena mínima de inferior a tres años, en genera el sospechoso llega al juicio en libertad.
"Creo que tenemos que trabajar más en la celeridad de la Justicia en resolver los delitos que en la preocupación de una prisión preventiva, porque puedo tener preso a un delincuente pero también puedo tener preso a un inocente. Y el día de mañana cuando ese inocente salga absuelto, la culpa también va a ser de la Justicia. En esto hay que tener un equilibrio", advirtió el magistrado del Supremo contra el discurso de Cornejo que plantea frenar el delito aumentando la cantidad de presos con preventiva, que ya eran muchos más que los condenados antes de instrumentarse el plan del mandatario.
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