El gobierno de Mauricio Macri ofreció poner un tope de 400% a las subas del gas de red para la Patagonia y seguir negociando con los mandatarios provinciales interesados en un cambio de rumbo ante la crisis económica que generó el tarifazo. El lunes hubo una reunión en la Casa Rosada con 12 gobernadores y funcionarios menores de otras provincias. Las provincias patagónicas fueron a la Justicia contra el tarifazo, mientras en otras jurisdicciones, como Mendoza, las acciones judiciales las encabezaron entidades intermedias ante la pasividad de los gobiernos.
Por Mendoza participó de la reunión el secretario de Servicios, Sergio Marinelli, quien aseguró que el pacto con los patagónicos se extenderá a todo el país. La ONG Protectora cuestionó su actuación, dijo que siguió los lineamientos de los últimos gobiernos locales, que fueron seguir sin críticas las decisiones de la Casa Rosada.
Protectara hizo un planteo judicial en abril contra el tarifazo de gas en el tribunal Federal local a cargo de la jueza Olga Pura de Arrabal. Mario Vadillo, de Protectora, aseguró en el programa Malos Días de la FM UTN, que en la provincia hay facturas de gas que crecieron en valor hasta el mil por ciento.
[iframe width="100%" height="65px" scrolling="no" frameborder="no" src="//radiocut.fm/audiocut/embed/mini/mario-vadillo-de-la-ong-protectora-cuestiono-el-rol-de-cornejo-frente-al-tarifazo" ][/iframe]La situación de Mendoza seguirá en la discusión de los funcionarios macristas con los gobernadores. El Lunes hubo 12 mandatarios en la reunión por el tarifazo, entre los que no se contó al mendocino Alfredo Cornejo. Los jefes de gobierno de las provincias patagónicas fueron los impulsores de la medida. Y a ellos les dieron desde la Nación una respuesta: fijar como tope a los aumentos el 400%.
El gobernador chubutense, Mario Das Neves, confirmó que la próxima semana los gobernadores patagónicos volverán a reunirse con el Gobierno ante el incremento de la tarifa del gas y reveló que en el encuentro de más de dos horas mantenido ayer con los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y del Interior, Rogelio Frigerio, "hubo una propuesta del Ejecutivo Nacional, que nosotros la consideramos insuficiente, que es bajar de 1.800% (el aumento) al 400 por ciento".
"Hubo diálogo; esto es lo bueno, nos escucharon. La gran diferencia marca que se improvisó mucho a la hora de tomar decisiones. Me parece, y lo digo con todo respeto, al funcionario que haya tomado la decisión, no conoce el terreno".
El lunes el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, hizo lugar al reclamo del defensor del pueblo y del gobierno provincial para frenar el tarifazo del gas. Esto implicó retrotraer la medida y devolver el dinero a quienes ya pagaron. Además se prohíbe cortar el servicio a los que aún no abonaron.
Das Neves confirmó que "la semana que viene va a haber otra reunión. Nosotros tenemos una posición tomada. A mí no me gusta judicializar, pero tengo que defender los intereses de la gente. Hice lo que le corresponde a un gobernador en defensa de los intereses de su gente y territorio", aclaró.
Das Neves destacó la resolución de la Justicia de hacer lugar al planteo fijando cuatro puntos: "Una, que se dejen de facturar los aumentos; segundo, que no se corte el servicio; tercero, que se reformule el precio de factura de gas con los valores de la boleta anterior, y cuarto, aquel que haya pagado la factura que se le devuelva la plata o que se lo compense".
El gobernador Alberto Weretilneck dijo que la respuesta del Gobierno dejó "un sabor positivo y otro agridulce" por la falta de soluciones a la actividad turística y señaló: "Lamentablemente, las respuestas del Gobierno no son las que necesitábamos". El mandatario admitió que esta situación por la suba del gas podría generar pérdida de fuentes de trabajo en el sector.
Desde Bariloche, Hugo de Barba, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, dijo: "esperábamos que este 400 por ciento de tope también incluyera la actividad comercial-turística", que recibió subas de hasta 2700 por ciento, y cuestionó que se ofrezca un plan de pago diferido sin posibilidad de readaptar la infraestructura de los hoteles y los hábitos antes de recibir el impacto de las tarifas.
Fuente: La Nación
