"Tener acciones en una empresa no significa necesariamente que haya conflicto de interés. El trabajo de la Oficina Anticorrupción es prevenir. Por eso les pedimos a todos los funcionarios que crean que pieden tener un conflicto de interés que no tomen ninguna decisión, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o hacia el costado". De esta manera Laura Alonso, al frente de la Oficina Anticorrupción, defendió que el ministro de Energía, Juan José Arangurem, sea también accionista de Shell -empresa que se beneficia directamente con las acciones del funcionario- y suministró una teoría sobre el manejo de las responsabilidades en el Estado.
La titular de la OA había aseverado hace una semana que el caso de Aranguren, que posee $ 16 millones en acciones de Shell Internacional, es "complicado".
Los diputados nacionales del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade denunciaron penalmente al ministro energético por incumplir con la ley de ética pública. Por la causa, a cargo del juez Rodríguez y el fiscal Stornelli, se realizaron allanamientos para recolectar información sobre el trato preferencial que le dio el dueño de Shell a la compañía.
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