OPINIÓN
Por Javier Polvani
@javierpolvani
La política de Estado provincial frente a la crisis en la mina Potasio Río Colorado es ficción. El gobernador Francisco Pérez y los legisladores nacionales intentaron darle ese matiz al resultado de una reunión por el tema pero lo cierto es que no comparten ni siquiera el diagnóstico de la situación, además de no tener el Ejecutivo provincial y mucho menos los diputados y senadores de la oposición herramienta alguna para convencer ni obligar a la minera brasileña Vale a hacer lo que no está dispuesta.
La única posibilidad de reactivación más o menos temprana de las operaciones en la mina de Malargüe, suspendidas por decisión unilateral e inconsulta de la concesionaria brasileña, es que aparezcan inversores dispuestos a asociarse con Vale. Ni Pérez ni los legisladores nacionales por Mendoza tienen tenedores de dinero dispuestos a desembolsar ya millones de dólares en la aventura extractiva del gigante minero brasileño.
Mientras tanto, los políticos de todos los partidos acercan proyectos presuntamente salvadores, pero que en el fondo sólo sirven para ganar algo de espacio en los medios y mejorar las caídas expectativas de los miles de trabajadores que confiaron en las promesas de la política respecto al podre salvador de la actividad minera. Los legisladores nacionales de la oposición que el lunes acudieron a una reunión convocada por Pérez en la Casa de Gobierno hablaron de la instrumentación de una política de Estado provincial para resolver la situación pero a la hora de dar precisiones se limitaron a anunciar que "citarían" a los responsables de Vale al Congreso.
Los legisladores no tienen poder para obligar a la multinacional de origen brasileño a acudir a ninguna reunión y mucho menos para ordenarle qué hacer. Ni siquiera pudo hacerlo el Ejecutivo nacional negociando de forma directa con el gobierno de Dilma Rousseff. Pero en el remozado salón Patricias Mendocinas de la Casa de Gobierno de Mendoza, los legisladores le subieron el precio a sus posibilidades y al margen de presión que tiene el Congreso de la Nación sobre las poderosas multinacionales que deciden sus acciones en función de sus intereses, antes que de ninguna otra cosa.
Para que Vale retome de forma más o menos rápida las actividades en la mina de potasio de la cuenca del Río Colorado hace falta una sólo cuestión: que el Estado Nacional le regale unos tres mil millones de dólares, a partir de perdones impositivos. Algo que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en nombre de la presidenta Cristina Fernández, rechazó de plano.
El gobernador y los legisladores de la oposición no sólo chocan contra la imposibilidad de contar con herramientas propias para resolver la crisis de Potasio Río Colorado, un proyecto que la política vendió como la salvación para la economía mendocina y que hoy es la peor pesadilla de quienes se pasaron años haciendo lobby por Vale. Con la crisis encima, nadie reivindica sus actividades lobbistas a favor de la empresa en la que tiene suma influencia el Estado brasileño.
Según Pérez y sus socios políticos, la crisis de la mina de Malargüe es consecuencia de la irresponsabilidad de Vale. Para la oposición, toda la culpa es de la política económica del gobierno de Cristina Fernández. Se acabó la discusión.
