El ministro de Salud, Ginés González García, ratificó este jueves la actualización del Protocolo de aborto no punible para avalar desde el estado a los médicos que deban aplicar la ley vigente desde 1921. Entrará en vigencia desde este viernes a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
El protocolo establece un plazo de 10 días para practicar los abortos en todos los casos que se encuadren en el Código Penal. La objeción de conciencia será respetada en el caso individual de los médicos, pero las instituciones deberán hallar la manera de cumplir con la ley.
Por otra parte, el ministro adelantó que convocó a los ministros de Salud de todas las provincias para una reunión la semana que viene a fin de aceitar los mecanismos para que efectivamente se cumpla la ley.
"Las dos razones centrales para actualizar el Protocolo son, por un lado, las modificaciones en el Código Civil, que incorporó una serie de derechos que no estaban incluídos en el anterior protocolo. Y luego la evolución general del conocimiento, siguiendo cánones de la Organización Mundial de la Salud. Este protocolo pretende ser una guía como hoy la medicina moderna se usa en cualquier tipo de patología, y más aún con una muy protegida por la ley, como es este caso".
González García señaló que el "combate contra el protocolo que se hizo en algunas provincias y el propio presidente recientemente involucrado (N. de la R: por Mauricio Macri) generaron además de una confusión una intimidación sobre los profesionales que tienen que cumplir con la ley. Con esta guía de procedimiento queremos que tengan un respaldo de que están cumpliendo con la ley".
Mendoza no está adherida
Mendoza es una de las provincias que nunca adhirió al protocolo, y que cajonea desde hace 12 años esa adhesión. Las autoridades provinciales, para salir del paso, blanden el protocolo que aprobó la OSEP a principios de 2019.
"Naturalmente en un país federal mucho depende de que se adhieran las provincias. Confío en que se adhieran, hay algunas provincias grandes, como Buenos Aires, que no lo aprobaron. Iniciamos un camino que, sin perjuicio de que haya organizaciones antiderechos que van a cuestionar, iniciamos un camino donde damos un instrumento sanitario para que se cumpla no sólo con la ley sino con el derecho de las personas que están en camino de una interrupción legal del embarazo", definió el ministro en la tarde de este jueves.
