La Cámara baja aprobó el proyecto de ley que establece la jubilación anticipada para trabajadores viñateros, tras una votación que resultó con 173 votos afirmativos y 23 abstenciones.
La iniciativa impactará sobre un universo de 38 mil personas que viven de esta actividad, de los cuales entre el 60% y 65% se encuentran en Mendoza. Además de esta provincia, resultarán beneficiadas San Luis, San Juan y Salta.
La ley fue boicoteada por Juntos por el Cambio semanas atrás cuando le quitaron el quórum a la sesión donde se iba a tratar. Esto derivó en protestas de obreros en varios puntos de Mendoza donde se presentó, entre otros, Alfredo Cornejo, quien junto a su troupe fue parte de la movida política para no bajar al recinto en ese momento.
El texto había sido votado en la Cámara alta el 5 de noviembre del año pasado, impulsado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), junto a otra iniciativa referida a las mensualidades que perciben los trabajadores, que sí recibió sanción definitiva durante la sesión.
Miembro informante fue la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, quien destacó que el régimen especial para los trabajadores del sector se justifica en las condiciones en que desarrollan sus actividades, a lo que debe sumarse las condiciones climáticas muchas veces extremas que deben soportar. Todo eso provocan generalmente secuelas graves tanto físicas, como psíquicas.
“Estaríamos beneficiando a alrededor de 40 mil trabajadores y trabajadoras de todo el país”, destacó la diputada del Frente de Todos.
En cuanto al proyecto referido a los contratistas del sector vitivinícola, el mismo fue aprobado y convertido en ley por 193 votos afirmativos. Siley destacó que se trata de una ley sui generis, ya que son trabajadores y trabajadoras contratistas, que tienen una relación de dependencia, “pero a la vez son autónomos o socios del empleador”. De este mismo modo los ha considerado el Estatuto. El proyecto busca reconocerles el derecho a tener doce remuneraciones, puntualizó la legisladora de origen sindical.
“Creo que una vez más el Congreso de la Nación está diciendo que allí donde hay un trabajador, una trabajadora, deberá haber derechos laborales, deberá haber protección contra el despido arbitrario, y deberá haber un salario y una remuneración justas”, concluyó la diputada.
Mendocina, la diputada Marisa Uceda (Frente de Todos) consideró que el proyecto que otorga un beneficio previsional a los viñateros es “fundamental” para su provincia y afirmó que “llega en un momento muy oportuno el reconocimiento de derechos a trabajadores y trabajadoras, en épocas de añoranzas flexibilizadoras, estar hoy ampliando derechos es toda una señal”.
A su turno, el sanjuanino Walberto Allende (Frente de Todos) destacó que la vitivinicultura genera más de 150 mil puestos de trabajo directos y más de 280 mil indirectos. “Esto demuestra que es una actividad sumamente importante”, remarcó quien confesó haber desarrollado la actividad, pidiendo acompañar ese proyecto para “traer justicia (algo) que se viene solicitando hace más de 20 años”.
El diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace anticipó el apoyo de su espacio a la iniciativa, cosa que consideró una reparación para una omisión producida al establecer el régimen diferencial hace una década. “El acompañamiento a este proyecto es un acto de equidad”, dijo, recordando que en comisión puntualizaron una diferencia de carácter general, por cuanto consideraban que debía haber habido una propuesta por parte del Ejecutivo de consideración de los regímenes diferenciales en su conjunto, y la misma no se formuló. “Nos debemos esa discusión mucho más profunda, que no abone a una fragmentación del sistema previsional, sino que por el contrario logre su consolidación”, apuntó.
El legislador puntano agregó que plantearon su disidencia porque al momento del tratamiento en comisión no tenían ningún informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto fiscal de ese régimen previsional. “Como pasa con otras leyes, tomamos decisiones sin contar con información de lo que representa al Estado financieramente”, señaló, aunque aclaró que a partir de esa observación llegó ese informe de la OPC, que destaca la importancia de esa actividad para nuestro país.
Con todo, ese régimen tiene un impacto fiscal, reconoció el informe, aunque aclaró que no termina de ser concluyente el mismo, “pero sí es fundamental para el análisis”.
En su intervención, el mendocino José Luis Ramón destacó que “la matriz productiva de mi provincia es esta matriz que nos hizo conocidos en la Argentina y en el mundo entero; por algo somos orgullosos de decir los vinos que tenemos. Cuando este proyecto de ley reconoce estos derechos de los trabajadores de viñas, está reconociendo, en línea con el norte que tenemos que seguir, y es que en una provincia como la nuestra lo que hay que hacer es mejorar la matriz productiva agrícola. Y no cambiarla por esa otra matriz extractiva”.
Sobre el final del debate, el radical Luis Pastori marcó diferencias con el resto de sus pares al advertir un problema constitucional para el tratamiento del proyecto previsional. Explicó en ese sentido que el proyecto no debía venir desde el Senado, sino que debió haber sido Diputados la Cámara iniciadora. Sucede que el proyecto incluye un aumento de la contribución patronal en dos puntos por sobre el régimen común. “En consecuencia, al contener una norma de tipo tributaria, algo que le está vedado al Senado como Cámara iniciadora, está invadiendo competencia propia de esta Cámara”, señaló el misionero.
“Si no dijéramos esto, estaríamos aceptando que el Senado está invadiendo nuestra competencia exclusiva. No podemos aceptar como Cámara revisora estar tratando este proyecto que contiene una norma en materia tributaria que por el artículo 52 de la Constitución exclusivamente corresponde a la Cámara de Diputados. Por ese motivo voy a pedir permiso para abstenerme”, concluyó el legislador.
Cerró el debate el diputado sanjuanino José Luis Gioja, quien destacó la “ampliación de derechos” que marcó toda la jornada legislativa, y destacó entonces que “hoy se viene a escribir una página más en la historia de la justicia social argentina, y del peronismo también”.
”El reconocimiento a los trabajadores siempre molesta, sobre todo a patrones. Que los trabajadores tengan más derechos es la única forma de alcanzar equidad y la justicia social”, enfatizó el vicepresidente segundo de la Cámara baja.
Los proyectos
El proyecto votado en primer lugar establece un régimen previsional diferencial para los trabajadores y las trabajadoras vitícolas y los y las contratistas de viñas y frutales que desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro.
La iniciativa establece que “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con un mínimo de 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes”.
Cuando hubieren desempeñado este tipo de tareas, y alternadamente otras de cualquier naturaleza, “a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”, estipula el texto.
Y agrega que “la contribución patronal respecto de las tareas a que se refiere la ley será la que rija en el régimen común -Sistema Integrado Previsional Argentino-, incrementada en dos puntos porcentuales (2%)”.
Por otra parte, el otro proyecto que se convirtió en ley es el que modifica el Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, de modo de establecer cambios en las mensualidades que se contemplan.
Así, el nuevo inciso b del artículo 12 de dicha norma, establecerá que “en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del porcentaje aun cuando no se complete el primer año de trabajo” y “ambos conceptos se deben computar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. A tales efectos, por mensualidades se divide el monto total por 12 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato; y por concepto de porcentaje de cosecha se divide por 10 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato”.
En lo que respecta a la remuneración mínima, se señala que ésta se debe abonar distribuida en 12 mensualidades iguales y consecutivas -y no en 10, como figuraba en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo aconseja.
Fuente: Parlamentario
