Convocados por partidos de izquierda, miles de mendocinos se plegaron en la tarde de este martes a la movilización contra e acuerdo con el FMI alcanzado por Alberto Fernández para pagar la deuda que asumió Mauricio Macri.
El epicentro de la marcha fue en Plaza de Mayo, donde se reunieron cerca de 100.000 personas. En Mendoza la concentración fue rente a la Legislatura y en la plaza Independencia.
Algunas de las consignas fueron: "¡No al pacto del gobierno con el FMI! Basta de ajuste, tarifazos y extractivismo. No al pago de la deuda externa. Las estafas no se pagan. No a la impunidad de los responsables y la entrega de soberanía".
"El gobierno del Frente de Todos acordó con el FMI un nuevo pacto que significa más dependencia, más extractivismo y más pobreza para nuestro país. Ratificó su decisión de pagar la deuda ilegítima del Gobierno de Macri –a pesar de que en campaña planteaban que era ilegal y denunciaron en la Oficina Anticorrupción con una investigación del propio Banco Central-, junto con el reconocimiento y pago del conjunto de la deuda contraída y defendida por todos los gobiernos, desde la dictadura militar a esta parte", señalaron en un documento que se leyó en Plaza de Mayo y se replicó en varios puntos del país.
Miles nos movilizamos en #Mendoza para decir #NoAlAcuerdoConElFMI
Gran jornada nacional de lucha contra el Pacto del gobierno del Alberto Fernández con el #FMI. Y el apoyo del macrista de Rodolfo Suárez para convalidar el saqueo y la estafa macrista y del Frente de Todos. pic.twitter.com/WRyA1PhfQb— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) February 9, 2022
En Mendoza participaron de la movilización el PTS en el Frente de Izquierda, el Frente Popular Darío Santillán, Frente de Organizaciones en Lucha, Partido Obrero, COR, Movimiento de Los Pueblos, 9 de Abril, Polo Obrero, Red de Trabajadores Desocupados, Informales y Precarizadxs, y decenas de organizaciones, entre ellas ambientalistas.
"Exigimos un verdadero plan de lucha para terminar con el acuerdo con el FMI porque va a implicar peores condiciones de vida para las mayorías, más inflación, más tarifazos, pérdida de las jubilaciones", postuló Nicolás del Caño, que convocó a los gremios a que movilicen contra el acuerdo.
Este es el documento completo que se leyó en Plaza de Mayo:
¡No al pacto del gobierno con el FMI!
¡Basta de ajuste, tarifazos y extractivismo!
¡No al pago de la deuda externa!
¡Las estafas no se pagan!
¡No a la impunidad de los responsables y la entrega de soberanía!
El gobierno del Frente de Todos acordó con el FMI un nuevo pacto que significa más dependencia, más extractivismo y más pobreza para nuestro país. Ratificó su decisión de pagar la deuda ilegítima del Gobierno de Macri –a pesar de que en campaña planteaban que era ilegal y denunciaron en la Oficina Anticorrupción con una investigación del propio Banco Central-, junto con el reconocimiento y pago del conjunto de la “deuda” contraída y defendida por todos los gobiernos, desde la dictadura militar a esta parte.
El gobierno de los Fernández ha continuado el camino de ajuste, saqueo y subordinación al FMI que se prolongará durante años, para organizar toda la economía nacional en función de pagar una deuda odiosa, a pesar de la dura situación de pobreza de más del 40 % de la población. Es una verdadera estafa contra el pueblo, que legitima el monumental fraude realizado por el gobierno de Macri y el mecanismo de esquilmación de los recursos nacionales que implica el pago de la deuda. Con el anuncio de este pacto de sumisión y entrega, el imperialismo yanqui con Biden y los fondos buitres mostraron su beneplácito, incluso Lula y gobiernos de la región dieron su apoyo. También salieron a festejar “los mercados” y grandes empresarios argentinos, como los nucleados en la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y la UIA. Hasta Juntos por el Cambio, responsables políticos de esta estafa, lo calificó de “positivo”. La burocracia de la CGT, en vez de defender a las y los trabajadores que serán los principales afectados de este nuevo acuerdo, se pronunció en defensa de esta nueva entrega y reafirmó que solo defiende al Gobierno.
El acuerdo con el FMI, más allá de cómo lo quiera disfrazar el gobierno -todavía falta conocer la “letra chica” que puede traer nuevas “sorpresas” que empeoren lo conocido- ya significa una enorme hipoteca, que traerá más ajuste y alineamiento político y económico con el imperialismo y el gran capital internacional. Distintos informes e investigaciones dan cuenta que se trata de una deuda ilegal e ilegítima que violó los propios estatutos del FMI y que esos fondos fueron para pagar reclamos a los especuladores y para financiar la fuga de capitales de grandes empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Unión, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, entre otras.
Existe una enorme presión del empresariado local y extranjero para que se lleve adelante el acuerdo con el FMI y de ese modo sigan entrando dólares para la puerta giratoria y así seguir endeudando al país y haciendo sus negocios. El banco Central después de 4 años de silencio acaba de anunciar que la deuda privada externa ronda los 80,000 millones de dólares. En el caso de que siga volando por los aires los índices de riesgo país y se corte el financiamiento externo ese déficit puede acelerar la tormenta de crisis estructural de este sector verdaderamente parasitario. Por solo dar dos ejemplos, Vicentín que debe más de un millón y medio de dólares o varias de las empresas de Eduardo Elsztain que juntas rondan los 700 millones de dólares en déficit. Muchos de estos sectores operan como monopolios y son responsables de aumentar los precios a su antojo para para descargar su propia crisis sobre las espaldas y bolsillos del pueblo trabajador.
Con este acuerdo el gobierno de Alberto y Cristina Fernández se dispone a tomar nueva deuda para cumplir con los vencimientos de la deuda precedente, que será desembolsada durante los próximos dos años y medio, previa conformidad de las revisiones trimestrales de los enviados del Fondo Monetario.
La nueva deuda que toma el Frente de Todos ahora se empezará a pagar en 2026 y compromete al país a devolverla en 12 años, ¡hasta el 2034! Con esta hipoteca, la entrega de la “refinanciación” estará condicionada por “revisiones” trimestrales del FMI. Es decir, si Argentina no cumple las condiciones como la reducción del déficit fiscal primario, entre otras, no se entrega la cuota del préstamo. El Estado está obligado a abrir las cuentas públicas al FMI y que este verifique en forma permanente el avance de las devaluaciones, el aumento de tarifas o el recorte de partidas presupuestarias para jubilaciones, educación, salud, etcétera. Queda así a “consideración” del FMI entregar o no los recursos en cada fecha de vencimiento para imponer nuevos condicionamientos al país. Será un co-gobierno con el FMI. Los gobiernos “nacionales” administrarán los lineamientos que imponga el Fondo. Es una verdadera pérdida de soberanía del país.
Lo que en las revisiones trimestrales llaman “sendero fiscal” implica ajuste para el pueblo trabajador y orientar el conjunto de la economía a conseguir los dólares para pagarle al FMI y a los prestamistas privados a costa de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Implica bajar los gastos del Estado, y la experiencia nos dice que implica recortes en jubilaciones, salarios estatales, gasto social, presupuesto para educación, salud, o en nuevos tarifazos, cuestión que el FMI ya anunció que este es una de sus exigencias. A través de su comunicado y en declaraciones de sus directores, ya han hecho saber que el Gobierno argentino se comprometió a reducir significativamente los subsidios destinados a la energía, lo que inevitablemente derivará en aumentos significativo de las tarifas, echando más combustible al proceso inflacionario. Esto luego de todo el ajuste de los últimos años.
Para tomar dimensión de lo que implica, el recorte de 0,8 % adicional del PBI que impuso el FMI para el 2022 compromete alrededor de $ 481 mil millones. Esa cifra es el equivalente a cuatro meses de pagos del haber mínimo jubilatorio a 4 millones de jubiladas y jubilados mayores. El FMI exige “reducir la brecha cambiaria”, que no es otra cosa que aumentar el dólar oficial, es decir, un mayor ritmo de devaluación del peso. Aunque se haga de forma gradual, si sube el dólar aumentará la inflación por las características dependientes de la economía argentina. Es una vía de ataque al bolsillo de la clase trabajadora, que seguirá perdiendo poder adquisitivo mientras seguirán aumentando sus ganancias los capitalistas ligados a la exportación (el agro, petróleo, mega minería, entre otros), los mismos que nos saquean y destruyen el ambiente. Para completar el cuadro, las “tasas de interés reales positivas”, es decir, mayores a la inflación implican encarecer el crédito productivo y al consumo (costará más caro comprar, por ejemplo, una heladera o un televisor en cuotas).
El “acuerdo” va a condicionar toda la economía en contra de los intereses de los pueblos de nuestro país y de la naturaleza. Como quedó claro cuando se aprobó el llamado “consenso fiscal” en el Congreso, el pacto con el FMI traerá aparejado nuevos impuestazos que recaerán sobre las espaldas de la población trabajadora, dada la estructura impositiva regresiva que tiene nuestro país, impuesta por los dueños del poder económico. Lo mismo pasa con las leyes que se apresta a votar el Congreso en beneficio de las petroleras en la cordillera y en el mar, en beneficio del agronegocio responsable de los desmontes y agrotóxicos, y en beneficio de las automotrices. El Proyecto de Ley de Electromovilidad podría ser la puerta que se abre para convertir a territorios en nuevas zonas de sacrificio por la fiebre del litio, el llamado oro blanco. Estas leyes son parte de una estrategia, un plan de gobierno que saquea la naturaleza para el beneficio de multinacionales y el pago de la deuda. Otro ejemplo de ello es el ecocida proyecto de instalación de petroleras frente a las costas bonaerenses, donde el pueblo está saliendo a las calles para frenarlo. Al anunciar el acuerdo, el presidente Fernández habló nuevamente de “crecer para pagar”. La traducción es clara: profundización del modelo extractivista (que en Chubut fue derrotado con la movilización obrera y popular en contra de la megaminería) y superexplotación de lxs trabajadorxs con más precarización laboral. ¡El agua y los territorios no se venden, se defienden!
El crecimiento de la deuda a niveles del 80% del PBI anual del país es el resultado de la política seguida por todos los gobiernos, desde 1983 a la fecha, que comenzó con el reconocimiento de la deuda tomada por la dictadura y la nacionalización de la deuda de las grandes empresas.
El pago de la deuda está en la base del saqueo financiero, económico y extractivista, y es un recurso de ajuste contra la clase trabajadora, las y los jubiladxs, y el gasto social del Estado. El gobierno del Frente de Todos desde que asumió viene haciendo un fuerte ajuste en las jubilaciones con el cambio de movilidad llevando la jubilación mínima al valor de la canasta de indigencia, en los salarios y jubilaciones. Sólo de estas últimas, gracias a la reforma impulsada por el FdT, se recortaron en 2021 160.000 millones de pesos. La consolidación del ajuste económico recaerá aún más sobre las mujeres, en especial en los sectores populares, que llevan la carga de las tareas domésticas y de cuidado. La pobreza será mayor, y aún más para las mujeres y disidencias. Las restricciones al gasto limitarán aún más las necesarias políticas de cuidado, feministas, contra la violencia machista y por una Educación Sexual Integral. El peso de la deuda acentuará la opresión de las mujeres y disidencias.
Al perpetuar esta hipoteca sobre el conjunto de la economía nacional tendremos con seguridad nuevas crisis de deuda en el corto plazo, que desmentirán los discursos embellecidos de los voceros oficiales.
La profundización de la histórica caída de las jubilaciones y los salarios en su conjunto y de los empleados públicos en particular no fue obra de la pandemia, sino una decisión política de este gobierno, avalado por las direcciones burocráticas de los sindicatos para cumplir con las exigencias del FMI. El apoyo explícito dado por la CGT al pacto con el FMI anuncia que se vendrán nuevas traiciones y entregadas. Lo mismo que un salario mínimo de indigencia, aprobado por el conjunto de las alas de la burocracia sindical. Desde esta tribuna exigimos la ruptura de todas las organizaciones sindicales y obreras con cualquier acuerdo con el FMI y el lanzamiento de un plan de lucha contra este pacto entreguista.
Por la gravedad de las medidas que implica, el anuncio desató una crisis, con la renuncia Máximo Kirchner a la Jefatura del bloque del Frente de Todos (sin retirarse del mismo) y los choques abiertos al interior de Juntos por el Cambio, que, aunque siempre estuvo por el acuerdo, pone condiciones a su aprobación parlamentaria. Sin embargo, ningún sector plantea la ruptura con el Fondo y el desconocimiento de esta ilegítima deuda. La crisis de estos bloques políticos es una expresión de incapacidad de la burguesía nacional para dale una salida a la crisis nacional.
El acuerdo significa consagrar la impunidad de los responsables nacionales e internacionales de esta deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta y odiosa, y de sus beneficiarios: los funcionarios del gobierno de Macri y del Fondo, las grandes empresas que usaron esos millones para la fuga de capitales hacia sus casas matrices desde la dictadura hasta la actualidad. Basta de impunidad. Castigo a los responsables de la miseria económica de nuestro pueblo trabajador.
Para implementar este plan de ajuste y saqueo, los de arriba necesitan contener, desviar y derrotar la resistencia popular, y han recurrido a la represión en repetidas ocasiones. Por esa razón resulta fundamental enfrentar los ataques y las persecuciones, para lo cual reclamamos en especial la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz y rechazamos el fallo persecutorio del Juez Javier Feliciano Ríos. Reclamamos el desprocesamiento y la libertad de Sebastián Romero y la libertad de Facundo Molares, hoy detenido en Ezeiza, quién está requerido por la justicia del estado fascista colombiano. Libertad y cese de la persecución a Guillermo Galantini. Por el desprocesamiento de todas las luchadoras y luchadores populares.
Mientras tanto los ultraderechistas de Milei y Espert, que habían planteado que había que acordar con el Fondo, reclaman un ajuste aún más duro contra nuestro pueblo.
Por todo esto, llamamos a rechazar y a enfrentar el pacto del gobierno con el FMI. Decimos claramente que hay otro camino como venimos reclamando: no hay que pagar la deuda externa ilegítima y odiosa, hay que desconocer el acuerdo Macri-FMI como todos los acuerdos usureros y fraudulentos de los distintos gobiernos que vienen sometiendo a la clase trabajadora, a todos los pueblos de la Argentina y a la naturaleza, volcando esos enormes fondos a salarios, jubilaciones, trabajo, salud, educación, la ciencia y el cuidado ambiental.
Ni un dólar más al FMI, los bonistas y los fondos buitres. Llamamos al pueblo trabajador y a todas sus organizaciones a rechazar este pacto que reproduce la pobreza y la dependencia. La única deuda a pagar es con el pueblo trabajador. Junto a este planteo señalamos que es necesaria la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales y poner el ahorro nacional al servicio de los sectores obreros y populares. Acabar con el oligopolio privado y establecer el monopolio estatal del comercio exterior, como parte de un plan político y económico social dirigido por los trabajadores.
En ese sentido llamamos a continuar la movilización, la lucha para derrotar este pacto de ajuste. El 11 de diciembre fue un gran hito en este camino. Esta jornada nacional unitaria convocada desde la izquierda junto a alrededor de 200 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, de la lucha socio ambiental y políticas, contra el pago de la deuda y el FMI, colmó la Plaza de Mayo y demás plazas del país, levantando un programa para terminar con el sometimiento nacional y de defensa de los intereses de la clase trabajadora como el que señalamos anteriormente. Esto en el camino de impulsar un plan de lucha nacional para imponer una salida popular, y que esta vez la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas, los grandes empresarios, los banqueros y terratenientes.
Distintos sectores populares venimos realizando movilizaciones y reclamos contra la deuda. Hay que unir a todos los sectores de nuestro pueblo que rechacen este nuevo acuerdo con el FMI, para ser millones en las calles, con amplitud y con firmeza, para luchar contra su aprobación y derrotarlo. Llamamos a las organizaciones obreras y populares a enfrentar y derrotar en las calles el pacto del gobierno con el FMI. Tenemos una cita de honor y tenemos que prepararnos para que cuando intenten votarlo se sienta el repudio masivo y popular.
Este martes 8 de febrero ganamos nuevamente las calles nuevamente, movilizamos hacia Plaza de Mayo y en numerosas ciudades de todo el país, para afirmar que ¡No es No!
Las estafas no se pagan.
La deuda es con el pueblo trabajador y con la naturaleza.
