“Una casta de la que nadie habla”

Por resolución de la Corte, Rosatti tomó el poder en el Consejo de la Magistratura

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El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asumió este mediodía al frente del Consejo de la Magistratura a través de una resolución del propio tribunal, que establece que se "disponga lo necesario" para que la nueva autoridad del organismo "reciba de los nuevos consejeros el juramento de ley", acorde con lo establecido en el fallo que dictara de diciembre pasado.

La movida, para la cual Rosatti se votó a sí mismo como presidente, fue cuestionada en la víspera por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que los jueces y la Corte son "una casta de la que nadie habla"

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El escrito, que lleva la firma de tres de los cuatro miembros de la Corte, dispuso que el nuevo Consejo de 20 miembros comience a funcionar "de manera inmediata" con la presidencia a cargo de Rosatti.

"A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021", señala la resolución, que además del mismo Rosatti está firmada por Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Respecto de los nuevos miembros elegidos por jueces y abogados, la resolución dispone que se les tome juramento, un trámite de rigor que debe hacer la misma Corte.

En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliar el cuerpo a 20 integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser "conjunta y simultánea".

En la flamante resolución, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso (cuyo ingreso fue judicializado) la Corte argumentó que "resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional".

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