Rodolfo Suarez se alineó con Cornejo en defensa de los intereses de los empresarios que manejan los pozos de fracking en el Sur de Mendoza y cuestionó el reconocimiento que el el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizó al LOF Limay Kurrel.
El mandatario, además, convocó al fiscal de Estado, Fernando Simón, y al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para avanzar en recursos judiciales contra la decisión de la Nación.
La Constitución reformada en 1994 reconoció la preexistencia de los pueblos originarios, regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten". Sin embargo, el mandatario consideró que lo dispuesto por el INAI es "inconstitucional".
Fue a través de una serie de post publicados en sus redes sociales este viernes después de que Cornejo -quien habilitó el fracking en esos territorios vía decreto- hiciera furibundas críticas y alineara a la tropa radical tras de sí.
Según Suarez, la entrega de posesión "demuestra una intencionalidad política sobre nuestras tierras para continuar perjudicando a Mendoza". Atacó el gobernador a sus rivales políticos: "Deja en descubierto la complicidad del kirchnerismo con estos pseudos mapuches".
Sigue Suarez:
Entre los activos que el Gobierno Nacional está entregando a los “mapuches", @ambientemendoza detectó que se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta. pic.twitter.com/L4IAXcCgsO
— Rodolfo Suarez (@rodysuarez) February 3, 2023
La comunidad mapuche del sur denunció en 2021 la ilegalidad de los decretos del fracking de Cornejo, en tándem con abogados ambientalistas de EE.UU.. Fue a través de un pedido de inconstitucionalidad, cajoneado por la Suprema Corte. Ahora ese reclamo debería ser resuelto por el pleno del máximo órgano, que tras la reforma impulsada por el cornejismo es filorradical por diferencia de 4 a 3.
Según Suarez, el hecho de que en las tierras reconocidas a los mapuche estén sobre la lengua de Vaca Muerta que yace bajo Malargüe "agrava la situación".
"No solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja en descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo e inversiones proyectado para el Sur", cierra el gobernador.
Por caso, el reconocimiento de posesión no frena la actividad de las empresas petroleras, que por el uso de esos terrenos deben pagar la "servidumbre" sea quien sea el dueño.
La servidumbre es el pago a superficiarios (dueños del terreno) que hacen las compañías en carácter de indemnización por la afectación concreta que se hace en superficie, por el derecho de uso y por la imposibilidad de realizar otras actividades ante el impacto de las operaciones.
