La Cámara de Diputados convirtió en ley la moratoria previsional, que permitirá jubilarse a unas 800 mil personas que al llegar a la edad para el retiro no cumplen con la segunda condición para hacerlo: poseer al menos 30 años de aportes al sistema previsional. La moratoria tenía media sanción del Senado.
La votación en Diputados resultó con 134 votos a favor de la moratoria y 107 en contra. El caudal que permitió la sanción de la ley se conformó con los votos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales. Los legisladores de Juntos por el Cambio y los de los partidos libertarios se abroquelaron en contra de la iniciativa. La sesión transcurrió en un clima de máxima tensión.
La sesión comenzó cerca de las 11, con la presencia de 129 diputados. El número justo para el quórum reglamentario se consiguió con 117 legisladores del Frente de Todos (FdT), cuatro del Frente de Izquierda, la misma cantidad del Interbloque Provincias Unidas y otros cuatro del interbloque Federal (dos de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño y Alejando 'Topo' Rodríguez, y dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez).
La bancada de Juntos por el Cambio (JxC) bajó al recinto una vez que el oficialismo reunió el quórum.
La Ley aprobada establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Antes de la reunión del plenario, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, había encabezado la reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de todos los bloques, en el salón "Delia Parodi".
Desde que comenzó la sesión, la oposición desplegó una serie de cuestionamientos al oficialismo. Se presentaron 12 cuestiones de privilegio, se hicieron tres homenajes y se trataron tres apartamientos de reglamento antes del inicio del debate por la moratoria. Además, se produjo una polémica cuando la oposición quiso desalojar de los palcos al sindicalista Carlos Ortega, que representa al Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), en respuesta a un escrache del gremio a los legisladores que impidieron el quorum en las sesiones de diciembre obligando a postergar el debate de la iniciativa previsional.
La confrontación volvió a crisparse cuando irrumpió en la discusión el juicio político a los jueces de la Corte Suprema que impulsa el oficialismo en Diputados con fuertes cuestionamientos de la oposición. Desde las dos veredas enfatizaron sus posturas a la vez que recalentaron las críticas y acusaciones mutuas. Juntos por el Cambio ratificó la decisión de boicotear el quorum para sesionar mientras se mantenga el proceso contra los jueces supremos.
El bloque de la alianza opositora se ciñó a esa estrategia para intentar bloquear el tratamiento de la moratoria previsional, pero su objetivo se frustró cuando el Frente de Todos sumó la cantidad de aliados circunstanciales que le faltaban para llegar al quorum con la tropa propia.
"Nuestra propuesta es avanzar en una reforma que sea auténticamente inclusiva y sostenible para que todos los mayores puedan recibir beneficios sin necesidad de excepciones o parches", argumentó el bloque de Juntos por el Cambio contra el proyecto de moratoria.
La defensa de la iniciativa contó en primera instancia con la exposición del presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, a cargo de abrir el debate. Afirmó que la ley que se aprobó finalmente permitirá que "muchísima gente que ha quedado fuera de la posibilidad de acceder a una jubilación pueda hacerlo".
Heller remarcó que "el 65 por ciento de lo jubilados del país accedieron al beneficio a través de una moratoria" y precisó que "gracias a eso se jubiló el 95 por ciento de las personas con la edad para hacerlo".
Describió que "en la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, con lo cual pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y por eso no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación".
La presidenta de la comisión de Previsión Social, Marisa Uceda (FDT), dijo que el proyecto tiene "un espíritu solidario" y consideró que cuando "nueve de cada 10 mujeres no pueden jubilarse es un problema que debe resolver el Estado, que es responsable de esa crisis del sistema".
Por su lado, el opositor Alejandro Cacace, autor del dictamen de minoría, propuso que los ingresos de los jubilados se definan en base a los aportes de cada uno. Planteó que "en un sistema que se basa en una lógica de aporte no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte que quien no lo tiene, eso es así y tiene que ver con la equidad dentro del sistema".
