Gendarmes asesinaron a un pasador de hojas de coca -llamado bagayero en la jerga- y al menos otros cuatro trabajadores informales tras el ataque perpetrado por los uniformados en la frontera norte de la provincia de Salta. La situación generó protestas en esa provincia que continúan este jueves.
Ocurrió en el marco del "Operativo Güemes" llevado a cabo por las fuerzas federales al mando de Patricia Bullrich, quien intentó ligar a las familias que trabajan en el bagayeo con el narcotráfico.
De acuerdo a las denuncias, los gendarmes dispararon contra los trabajadores informales que trasladaban hojas de coca y mercadería.
Los incidentes ocurrieron en el puesto 28 de la ruta nacional 50 a diez kilómetros del ingreso a la ciudad de Orán.
Por su parte, la única víctima fatal fue identificado como Fernando Martín Gómez, cuyo cuerpo permanecía en el lugar de los hechos, al tiempo que personal de Cuerpo de de Investigaciones
Fiscales (CIF) realizaba pericias.
Dos heridos sufrieron lesiones graves por disparos de armas de fuego y fueron derivados en código rojo al hospital San Vicente de Paul en Orán, en tanto que otro trabajador fue trasladado al mismo centro de salud a causa de golpes severos.
Los manifestantes continuarán con el corte de la ruta hasta recibir respuestas por parte de las autoridades y reclaman que los gendarmes entreguen el cadáver de Gómez.
La mujer del fallecido afirmó en declaraciones a los medios locales que su marido era "pasador de hojas de cocas" y que tenían dos hijos: "Fuimos al puesto 28 y no nos dejaron pasar. Queremos saber qué pasó y que nos entreguen el cuerpo".
El contexto
La zona de Orán y del departamento general San Martín articulaban su economía con la mano de obra que generaba YPF y el ingenio San Martín del Tabacal, ambos privatizados en los años 90 durante la gestión del gobierno de Menem y de las administraciones provincial del actual senador nacional Juan Carlos Romero (PJ), dejando un nivel de desestructuración del aparato productivo provincial y un tendal de desocupados.
La mayoría de estos trabajadores pasaron a formar parte de la economía informal del bagayeo que, ante la carencia de trabajo productivo, se constituyó en un componente estructural de la economía de frontera y de toda la provincia.
"El coqueo en las provincias del norte es legal, incluso la comercialización dentro del país. Lo que es ilegal es pasarlo de otro país a la Argentina, dejando así un bache jurídico que permite la corrupción de fuerzas como gendarmería que secuestra la mercadería para después revenderla, con la complicidad de la justicia federal, que a su vez presenta una omisión cómplice, como fue evidenciado en el caso de la detención de algunos jueces federales de la zona (como Claudio Parisi detenido por cobrar coimas, o Raúl Reynoso)", remarcó la agencia Anred.
Con información de NA/Anred
