Jorge Olivera y Gustavo De Marchi ingresaron al Hospital Militar Central para hacerse un chequeo dermatológico y por una consulta psiquiátrica pero, tres horas después, se esfumaron.
Por la fuga del ex mayor Jorge Olivera, especializado en Inteligencia, también abogado, y del ex teniente primero Gustavo De Marchi, condenados por la justicia hace tres semanas en San Juan, el Gobierno pasó a retiro a siete militares.
La sospecha recae sobre la esposa de Jorge Olivera, condenado a perpetua. La mujer, que es psicóloga en el Hospital Militar, había solicitado el traslado desde San Juan de su marido y del ex teniente Gustavo De Marchi. El gobierno ofreció una recompensa de 2 millones de pesos, presentó una denuncia penal.
Ambos militares ingresaron al Hospital Militar Central para hacerse un chequeo dermatológico y por una consulta psiquiátrica pero, tres horas después, se esfumaron a pocos metros de sus guardias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que los esperaban fuera de los consultorios y ya fueron pasados a disponibilidad.
Los dos supuestos pacientes, que habían llegado de San Juan por razones médicas, son dos conocidos represores sentenciados a perpetua y 25 años de prisión. Desde la tarde del jueves se convirtieron en los prófugos más buscados del país. Se trata del ex mayor Jorge Olivera, especializado en Inteligencia, también abogado, y del ex teniente primero Gustavo De Marchi, condenados por la justicia hace tres semanas.
Los dos miembros de los grupos de tareas de la dictadura habían urdido un plan para ser trasladados desde su lugar de detención, en San Juan, y aprovechar presuntas complicidades en el Hospital Militar de la Avenida Luis María Campos. La esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, quien considera a los represores condenados "presos políticos", se desempeña como psicóloga del mismo Hospital.
Ante esas evidencias, el Ejecutivo fijó una recompensa de 2 millones de pesos por cada uno de los fugados; presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de la Capital Federal (recayó en el juzgado federal 11 de Claudio Bonadio); solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que prohíba a través de una acordada la atención médica de civiles y militares procesados o condenados por delitos de lesa humanidad en el Hospital Militar de Palermo (ver aparte); envió oficios a todas las policías provinciales y a la Dirección Nacional de Migraciones para que se refuerce la vigilancia de las fronteras; pasó a retiro a los siete oficiales y suboficiales del Ejército del área de Sanidad que tienen responsabilidad en el episodio; y ordenó iniciar una revisión general del estado de salud de todos los presos por delitos de lesa humanidad para impedir que se repitan maniobras como la que permitió la fuga de Olivera y De Marchi.
