El oficialismo logró aprobar el acuerdo con Repsol por 42 votos a favor y 18 en contra, más 8 abstenciones y lo enviará a Diputados, donde será convertido en Ley.
La iniciativa debe ser respaldada por el Congreso antes del 1 de mayo, según el acuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y los accionistas de Repsol.
El entendimiento entre el gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas a partir de fines de noviembre pasado, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.
El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos "por la expropiación" del 51% del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
El Frente para la Victoria, sus aliados y los dos senadores del Movimiento Popular Neuquino ya anunciaron que respaldarán la medida, con lo cual el acuerdo obtendrá más de la mitad más uno de los votos totales de la Cámara alta.
A su turno, el radicalismo y el interbloque FAP-UNEN anunciaron el rechazo de la iniciativa.
Asimismo, el peronismo federal y el PRO, que suman una decena de votos, se abstuvieron a la hora de votar.
La iniciativa fue defendida por los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista Aníbal Fernández; y de Minería, Energía y Combustibles, el representante del MPN, Guillermo Pereyra.
Mientras que el bonaerense aseguró que “en ningún caso Repsol podrá recibir más de 5.000 millones de dólares" de compensación por las acciones de YPF, Pereyra puntualizó que el acuerdo "abre las puertas a las inversiones externas”.
El kirchnerista chubutense, Marcelo Guinle, precisó que “tenemos suficientes elementos para decir que hay que apoyar este acuerdo y que estamos avanzando en lo que hicimos en 2012 que fue la expropiación”.
“Para las provincias productoras, este acuerdo representa un claro avance en su capitalización”, aseguró el representante de Chubut Y destacó que “sólo un necio confunde valor con precio”.
A continuación, su compañero de bancada, el neuquino Marcelo Fuentes, pidió “ser cuidadosos cuando hablamos de que no respetamos las obligaciones del derecho internacional”.
Además, el oficialista indicó que “es momento de sincerar el discurso” y que “hubo coherencia” del gobierno nacional en pagar lo que se expropió por YPF porque “la estrategia del grupo español era ahogar” a la petrolera argentina.
La oficialista fueguina, Rosana Bertone, recordó que “cualquier Estado puede expropiar propiedades extranjeras” y que “se prevé una compensación adecuada y justa” ya que el gobierno argentino “no atentó ni dio señales de atentar contra la seguridad jurídica”.
La radical mendocina Laura Montero denunció que “este no es el procedimiento adecuado” y que “no se cumplió ningún objetivo, ni el de bajar el precio de los combustibles ni el de la inversión extranjera”.
“Además, el costo para las provincias es inconmensurable, porque el déficit de la balanza comercial implica cerca de 80.000 millones de pesos en subsidios al sector energético”, conjeturó la legisladora.
Previamente, su coterráneo y correligionario, Ernesto Sanz, había afirmado que desde que se votó la Ley de Expropiación del 51 por ciento de YPF “el autoabastecimiento energético tuvo un retroceso de más de 3.000 millones de dólares”.
El Senador Nacional del GEN/FAP, Jaime Linares, dijo que “en estas condiciones, YPF está más al servicio del Gobierno Central que a un proyecto de recuperación energética federal”.
En tanto, el representante del PRO por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, dijo que “YPF debe ser estatal. Eso no está en discusión. Pero no de esta forma. La estamos pagando todos los argentinos, pero no este gobierno, porque no va a estar. Y sí van a pagar las provincias que no son petroleras”, señaló De Angeli.
Fuente: Télam
