La fiscal Fabiana León, quien interviene en el juicio penal por el denominado megcanje ejecutado durante la gestión presidencial de Fernando De La Rúa, pidió tres años de prisión para el ex ministro de Economía la gestión radical, Domingo Felipe Cavallo. La solicitud de la representante del Ministerio Público incluyó, además de la condena a prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
León intervino este lunes ante el Tribunal Oral Federal 4 a su turno de exponer los alegatos finales a favor de su postura que considera al ex ministro culpable de "negociaciones incompatibles con la función pública" al cerrar el megacanje en 2001.
León acusó a Cavallo por "negociaciones incompatibles con la función pública" al entender que tuvo "pleno" conocimiento del proceso de negociación del megacanje y dar por probado que se actuó para favorecer a un grupo de bancos en pos de que obtuvieran un seguro beneficio al actuar como intermediarios en la operación.
"Debe ser condenado como autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haberse interesado directamente en la operación de canje de bonos en miras a que los bancos autorizados obtuvieran un beneficio", acusó León ante los jueces Néstor Costabel, Enrique Pose y Patricia Mallo.
La fiscal entendió que por su "altísimo" nivel de instrucción, al que consideró un agravante, Cavallo estaba en plenas condiciones para comprender las consecuencias de sus actos cuando en 2001 como ministro de Economía del gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa recibió y aceptó una propuesta de canje de deuda por parte del banquero David Muldford, sobreseído en la causa por prescripción del delito.
Además, León ponderó el perjuicio económico y las consecuencias sociales derivadas del resultado del "megacanje".
Cavallo es el único procesado sometido a juicio por la operación de canje de deuda de mayo de 2001, en una causa penal en la que varios ex funcionarios fueron sobreseídos por prescripción del delito, entre ellos su ex jefe de asesores Tomás Liendo y el ex secretario de Política Económica Federico Sturzenegger.
En la causa también estuvo imputado el banquero norteamericano Muldford, pero luego de reiterados intentos frustrados por lograr su extradición para tomarle declaración indagatoria, se lo sobreseyó por prescripción.
Para la fiscalía el delito no pasó por el cobro de comisiones por parte de los bancos que manejaron el canje en calidad de intermediarios, sino porque la maniobra permitió mejorar la calidad de los bonos que tenían en su poder y administraban para su cartera de clientes en medio de la crisis económica del gobierno de la Alianza.
Y detalló que había millones de dólares en bonos que se "desvalorizaban" en manos de los bancos más los que se administraban para los clientes.
Estos bonos extendieron sus plazos de vencimiento hasta el 2031 y la "deuda nominal" del país subió 50 mil millones de dólares, enfatizó la fiscal.
León aludió a la "extensión del daño causado" a nivel económico y a la crisis social que se generó. Como atenuantes enumeró el "extensísimo tiempo que demandó la realización del juicio, la condena pública a la que se vio expuesto y la edad actual” de Cavallo. La fiscal aludió a los bancos Galicia, Santander Central Hispano, Francés, Credit Suisse, HSBC y JP Morgan.
En la operación el consorcio de bancos beneficiado cobró comisiones por el reemplazo de títulos de la deuda externa por cinco bonos con vencimientos diferidos. El juicio oral duró tres meses y entre los testigos estuvo el ex presidente de la Nación Fernando de la Rúa, quien defendió la operación y deslindó cualquier responsabilidad penal por parte de Cavallo. Al igual que durante todo el debate, Cavallo estuvo presente en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.
Fuente: Télam
