Por Javier Polvani
@javierpolvani
Si no es ahora, pueder ser que no sea nunca. Dos holding rusos vieron un negocio en el proyecto San Jorge (megaminería metalífera a cielo abierto en Uspallata), lo compraron y desembarcaron en Mendoza con la tradicional herramienta de los capitales sin fronteras para convencer a políticos, empresarios, excluídos y aventureros variopintos: la amenaza con llevarse los millones que no trajeron aún a otro lugar del mundo que presente una sociedad con más ganas de progresar si no les allanan el camino a intervenir en la Cordillera de Los Andes.
Que si la Legislatura no se apura a aprobar la explotación del cobre de Uspallata con urgencia el precio mundial del mineral puede caer y hacer inviable el negocio. O si se demoran los diputados y los senadores puede aparecer un negocio mejor para el capital que dicen van a invertir en Mendoza y entonces la plata que nunca vino no llegará.
Esas advertencias hicieron los gerentes de las empresas rusas que compraron San Jorge a la inglesa Coro Mining ante los periodistas locales que fueron convocados a una conferencia en el marco del lobby desplegado en los últimos meses, desde que los enviados por las mineras rusas convencieron al gobernador Francisco Pérez de reiniciar el proceso de autorización que él mismo frenó al considerar que la minería no era aceptada por la sociedad.
El CEO del proyecto, Taras Nechiporenko, según El Sol, señaló: “Nosotros podemos esperar o ver otras oportunidades, pero ya le mencionamos la historia con Guatemala. El Gobierno sabe que tenemos de nuevo fondos reservados para Mendoza. En San Juan ya nos ofrecen otros proyectos para revisar y hay otras oportunidades, pero consideramos que esta es una buena oportunidad para la provincia y para la empresa, por eso es nuestra prioridad”.
Pérez quería ser gobernador y la mala consideración social que genera la minería metalífera era incompatible con sus intenciones electorales cuando, en 2011, decidió dirigirse a la Legislatura rodeado de las cámaras de los medios convocadas por su equipo de campaña para imponerle a los bloques oficialistas el archivo de la autorización a San Jorge. Desde entonces, se produjeron dos cambios, uno político y otro técnico en un contexto económico más inestable que el de hace tres años.
En lo político, Pérez no puede ir por la reelección y si se apura en la gestión para que se apruebe la explotación antes de la elección del candidato del oficialismo le ahorrará el problema que Celso Jaque le agitó durante su campaña para sucederlo. En lo técnico, los nuevos explotadores dividieron las operaciones entre Mendoza y San Juan, donde harán la limpieza de los pedazos de montaña explotados con cianuro, para separar el metal que se exportará.
“La clase política y la sociedad se están dando cuenta de que la minería puede cambiar la matriz económica de Mendoza”, sugirió Pavel Ermolaev, representante en Minera San Jorge de la empresa Solway Group de capitales rusos, según una cita de Sitio Andino. La letra coincide con la que pronuncian los políticos y empresarios locales pro mineros. Los hombres de negocios de la provincia no sólo auspician la minería sino que se preparan para quedarse con la mejor tajada posible de la torta que promete cocinar el conglomerado ruso de compañías mineras.
Citado por El Sol, Kirill Zimin, de Aterra Capital, otra compañía rusa asociada en San Jorge, deslizó la ansiedad que empuja el mandato a las líneas gerenciales por parte de sus mandantes europeos: “No hay un plazo definido pero tenemos el presentimiento de que eso va a ocurrir muy pronto. Lo que era nuestro compromiso está cumplido, todo el expediente, la documentación, la información y la presentación. Consideramos que es más importante para la Provincia que lo puedan aprobar antes de fin de año”.
El que se quema con leche...
Los rusos de San Jorge soplaron en la conferencia con los medios que tienen 400 millones de dólares listos para gastar en Uspallata si se apura la autorización legislativa al proyecto. Y se comprometieron a liquidar a favor de Mendoza el porcentaje de regalías completo que estipula la ley (3% de lo que declaran las explotadoras al gobierno) a pesar de que la fase con cianuro -aseguran- la desarrollarán en San Juan.
La historia reciente de los gestores de capitales para la minería a escala gigantezca en Mendoza es eclipsada por la actuación de la brasileña Vale do Rio Doce en el yacimiento Potasio Río Colorado, en Malargüe. Abrió el camino con jugosas comisiones y estímulos a lobbystas que instalaron en el inconciente el poder salvador de la minería no metalífera para la economía de Mendoza. El holding brasileño informó una inversión de más de 5 mil millones de dólares para sacar potasio a la vera del Río Colorado. El proyecto era impactante, al punto que incluía la reconstrucción de un ramal ferroviario hasta el puerto de Bahía Blanca para sacar el mineral por el Atlántico al mundo.
Todo se desmoronó cuando los planes de tentanción a inversionistas oportunistas del mundo fracasaron. Vale no consiguió la plata para desarrollar el proyecto. Y dejó la duda sobre si en algún momento creyó que la conseguiría o si el anuncio del mega proyecto minero más grande de los que hubo en el país fue una puesta en escena para atraer fondos de los aventureros de las finanzas que pululan en los mercados financieros del globo. Los brasileños se fueron de Malargüe dejando sin contrato a más de cinco mil trabajadores.
La música de fondo de la retirada la puso un coro local de políticos y empresarios que culpaban a la política económica nacional y al carácter pedigüeño de las sociedades que poseen bajo su jurisdicción los recursos naturales fruto de los negocios multinacionales por el fracaso del proyecto. Hasta el gobernador aceptó culpas de la economía antes que admitir el engaño del modelo Vale.
Los costos de la actuación de la compañía brasileña fueron enormes y quedaron a cargo de la Nación y la Provincia, que debieron subsidiar a los cesados por la retirada empresaria y organizar una estrategia para reencauzar las expectativas frustradas por Vale. Hasta ahora, el Estado paga cuotas del fracaso de Potasio Río Colorado.
Para preparar el terreno a San Jorge, Pérez decidió reactivar el debate minero con el tratamiento legislativo de dos proyectos en Malargüe: Cerro Amarillo y Cerro Indio. Según los empresarios y una parte del arco político, Mendoza está fundida y no tiene otra salida que admitir la minería si no quiere presentarse en quiebra. El debate es siempre el mismo desde que dio resultado esta forma de miedo para aprobar el proyecto de Vale, que lejos estubo de cumplir el relato pro minero sobre las consecuencias benéficas que traería a todos los mendocinos, quienes por el contrario están cediendo parte de sus impuestos a subsidiar el abandono de obreros operado por la minera brasileña.
