El Encuentro Laicista de Mendoza y la Asociación Xumek advirtieron que quitar la palabra "laica" de la Ley de Educación, como pretende un grupo de empresarios con el respaldo y el lobby de la iglesia Católica, violaría la Constitución de Mendoza, que resguarda ese principio. Este miércoles está previsto el tratamiento del proyecto en la Legislatura.
"En realidad lo que ven es que pueden ser tocados en su patrimonio y en sus privilegios. Si bien en la Argentina existe libertad de cultos no hay igualdad de cultos. La Iglesia tiene un sistema de prebendas y privilegios bochornosos, como por ejemplo las leyes que surgen de la dictadura militar y por la cual cobran un sueldo los obispos", sostuvo Carlos Lombardi, del Encuentro Laicista, a Radio Nacional Mendoza.
Los empresarios y los referentes de la iglesia sostuvieron que "la educación de Mendoza no puede declararse expresamente laica como lo hace en el art. 6 del Proyecto. Creemos que esta declaración conduce a viejos enfrentamientos y oposiciones inoportunas: escuela pública-escuela privada..." y propusieron que "en la redacción final se elimine la palabra laica para dar la posibilidad a que los padres que deseen educar a sus hijos según sus convicciones religiosas, sea la religión que fuere, puedan hacerlo, accediendo a la educación gratuita que garantiza el estado, con opción a la enseñanza de religión si la comunidad educativa estuviera de acuerdo, ya que de otra forma, los padres que no pueden pagar una educación privada que es la que mayoritariamente ofrece educación religiosa, no podrían gozar del derecho a educar según sus convicciones".
Estos argumentos fueron rebatidos, a su vez, por la Asociación Xumek, de promoción y resguardo de los Derechos Humanos.
"Los argumentos expresados por el documento en este punto son, a nuestro criterio, bastante endebles. La Constitución de la Provincia es clara a este respecto, como anticipamos, la educación será laica gratuita y obligatoria. Y no es una solución azarosa, todo el plexo de normas de nuestra carta magna esta cruzado por la laicidad, lo que se desprende claramente de sus antecedentes históricos y, sobre todo, de las versiones taquigráficas de la discusión en el congreso constituyente", señalaron en un informe presentado a los legisladores.
"El principio de laicidad escolar no representa ninguna novedad en nuestra historia constitucional y legal. Ya tiene más de un siglo de antigüedad. La primera ley de educación sancionada en Mendoza, la civitista ley 37 del año 1897, ya consagraba dicho principio, implementado en la práctica desde 1895, cuando se reemplazó la asignatura de religión por la de agricultura. La primera constitución provincial que garantizó la laicidad escolar fue la de 1900. La carta magna de 1910 la ratificó, e incluso la reforzó al suprimir por influjo notable de Civit, y otros liberales, el anacrónico artículo del sostenimiento al culto católico. Y la constitución de 1916,
que –más allá de algunos traspiés autoritarios a lo largo del siglo xx– rige todavía hoy, también la ha revalidado. En suma, si Mendoza tendrá una nueva ley educativa que continuará garantizando la laicidad de la enseñanza pública, es porque el Estado provincia es laico o aconfesional, vale decir, neutral en materia religiosa", insistieron.
El lobby para quitar la palabra laica proviene de la autoconvocada Mesa de Encuentro por la Educación de Mendoza, que agrupa a la Unión de Entidades Empresarias de Mendoza (UEM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Asociación de Empresarios del Carril Rodríguez Peña (Aderpe), Nuestra Mendoza, Fundación Crescere, Conin, Instituto para la Transformación del Estado y la Sociedad (ITES), Federación Argentina de Bachilleratos Humanistas Modernos (Fabhum), Observatorio de la Convivencia Escolar de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Fundación Mente Sana, Red Mendocina Familia y Vida y académicos de distintas universidades públicas y privadas.
"Sucede algo parecido con la constante oposición de los sectores religiosos y conservadores a la educación sexual en los colegios a pesar de ser esta obligatoria en todo el país. Nadie niega ni cercena el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus propias convicciones y con sus propias pautas culturales, ideológicas y morales. Sin embargo hay políticas que hacen a la seguridad y salubridad pública y a la garantía constitucional de la libertad y la convivencia en la igualdad dentro de la diversidad. Estas políticas como principios rectores deben, necesariamente, ser parte de la educación pública. Es así como se entiende en un estado de derecho, democrático, y plural como es el de la República Argentina", cerró Xumek.
