Puso en marcha un plan de persecusión antiobreros y aplicó recetas neoliberales. Fue indultado por Menem y en 2006 vuelto a juzgar por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim.
El ex ministro de Economía de la última dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz murió este sábado, en la ciudad de Buenos Aires, a los 87 años. En septiembre de 2006, la Justicia declaró la nulidad del indulto con el que Carlos Menem benefició a Martínez de Hoz y reabrió una causa sobre el secuestro extorsivo de dos empresarios ocurrido en 1976.
El ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Interior Albano Harguindeguy y Martínez de Hoz fueron acusados de haber dispuesto la detención de Federico y Miguel Gutheim, de la empresa textil Sadeco, para forzarlos a cerrar un negocio de exportación con Hong Kong.
El día 4 de mayo de 2010 se dictó la prisión preventiva de Martínez de Hoz por su presunta vinculación con el secuestro de los empresarios Gutheim, la que cumplía en su domicilio.
Martínez de Hoz tuvo estrechos lazos con la cúpula militar, que emplearía Acindar como campo de pruebas para las prácticas represivas ejercidas durante el gobierno de facto.
Según sus propias declaraciones —en la investigación abierta, tras el regreso de la democracia, por la nacionalización dolosa de la Compañía Italo Argentina de Electricidad, de cuyo directorio era miembro cuando se pagó 300 millones de dólares por una compañía descapitalizada—, en 1975 visitó a Videla junto con otros miembros del Consejo Argentino Empresario, para solicitarle que contribuyera a preservar el orden en las circunstancias que impedían "la libertad de trabajo, la producción y la productividad".
En el curso de sucesivas entrevistas con los líderes del Ejército se diseñó un sistema de espionaje y vigilancia, coordinado con las fuerzas de seguridad y la inteligencia militar, orientado a identificar a los principales activistas sindicales, todo bajo la atenta mirada y supervisión del ahora fallecido.
En mayo de ese año hubo ocasión de ponerlos en práctica durante la represión de una masiva huelga de metalúrgicos en la planta de Acindar en Villa Constitución, dirigida por Alberto Piccinini, secretario local de la Unión de Obreros Metalúrgicos y opuesto a la línea blanda de Lorenzo Miguel; ante la huelga, que duró 59 días, Martínez de Hoz obtuvo del ministro de Interior, Alberto Rocamora, la declaración de la ilegalidad de la huelga y el envío de las fuerzas de seguridad.
Numerosos huelguistas fueron secuestrados, sometidos a simulacros de fusilamiento, y otros asesinados. Dentro de las instalaciones de la fábrica se montó el primer centro clandestino de detención, una antesala de los que se aplicarían luego durante el Operativo Independencia. Rodolfo Peregrino Fernández, entonces inspector de la Policía Federal Argentina, declararía ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos que Acindar "pagaba a todo el personal policial —jefes, suboficiales y tropa— un plus extra en dinero (...) [para convertirla en] una especie de fortaleza militar con cercos de alambre de púas". El reemplazo de Martínez de Hoz al frente de Acindar sería el general Alcides López Aufranc, que continuaría con la labor represiva.
