En una semana, cinco personas fueron detenidas por colgar carteles contra Javier Milei y Alfredo Cornejo n Mendoza. Estos episodios no son aislados: despidos, condenas y causas judiciales se multiplican contra trabajadores, activistas y asambleístas. La criminalización de la protesta se consolida como política de Estado.
La persecución de los que protestan es una política de Estado en Mendoza
Este jueves, durante una protesta del gremio judicial en el nudo vial de la Costanera, dos personas fueron detenidas por la Policía al intentar colocar carteles con los rostros del gobernador Cornejo y los ministros de la Suprema Corte. El sindicato reclamaba mejoras salariales y denunciaba que mientras los funcionarios se otorgaban aumentos millonarios, el resto del Poder Judicial cobraba “salarios de indigencia”.
El viernes pasado tres hombres fueron aprehendidos por colgar un cartel que decía “Milei huevonazo” en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, con motivo de la visita presidencial. La Policía lo descolgó de inmediato y los trasladó a la Comisaría 25 de Guaymallén, acusándolos de una infracción al Código Contravencional. Todos fueron liberados, pero el mensaje fue claro: la protesta callejera se paga con detención, inicio de causas y hasta despidos.
Despidos como castigo: el caso de César Castillo
La persecución no se limita a las calles. Esta semana, César Castillo, trabajador de hemodiálisis del Hospital Central con más de tres décadas de trayectoria, fue despedido tras participar de una protesta contra la precarización salarial. Gremios como Sipes, AMPROS, Sitea y los Autoconvocados del Central denunciaron el hecho como “impropio de una democracia”.
Castillo cobraba como monotributista desde hacía cinco años, una de las formas en que el gobierno ajusta el Estado. Tras la protesta, el Gobierno envió un escribano y un policía a su casa en San Martín para notificarle el despido por “no adaptarse a las nuevas normativas del servicio”. Trabajadoras de Terapia denunciaron que todos los que participaron de la protesta recibieron malas calificaciones en sus planillas laborales.
Represión a defensores del agua
La criminalización también alcanza a quienes defienden el agua y el territorio. Federico Soria, referente ambiental y autor del proyecto de ley para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, fue cesanteado por Parques Nacionales tras protagonizar reiteradas protestas contra el proyecto minero San Jorge. En su denuncia ante la Organización Mundial Contra la Tortura, habló de persecución laboral y tortura psicológica.
Soria y el asambleísta Mauricio Cornejo estuvieron detenidos cinco semanas y tres días, respectivamente, por una denuncia sin pruebas ni testigos presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. El jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, admitió que la Justicia local no tenía competencia, pero para entonces los activistas ya habían pagado con su libertad.
La gravedad del caso llevó a la Iglesia Católica a intervenir. El nodo argentino de Iglesias y Minería, junto a la Pastoral Social de Mendoza y el arzobispo Colombo, emitieron un comunicado demoledor: “La justicia no es claramente imparcial y se pone el sistema policial y judicial en aparente servicio de las empresas y funcionarios que promueven los proyectos mineros”.
Causas eternas y condenas exprés
El disciplinamiento también se expresa en el desgaste judicial. Nora Moyano, asambleísta de Las Heras, enfrenta causas abiertas desde 2019 por participar de una manifestación contra el intento oficialista de derribar la Ley 7722. La causa fue impulsada por Jerónimo Shantal, luego premiado por Cornejo con la dirección de Minería.
La semana pasada, un vecino de Las Heras fue condenado a tres meses de prisión efectiva por participar en un corte de calle durante una protesta. La jueza Natacha Cabeza y el fiscal Fernando Giunta homologaron un juicio abreviado que incluyó la declaración de reincidencia, obligando al acusado a cumplir la pena en situación de encierro.
Gremialistas en la mira: el caso Raquel Blas
En noviembre de 2024, el juez Juan Manuel Pina equiparó el derecho a la protesta con un delito y elevó a juicio una causa contra varios gremialistas. En una audiencia colectiva, Raquel Blas fue la única que no aceptó la probation impuesta por el juez, por lo que su acusación fue elevada a juicio. Referentes de ATE, en cambio, aceptaron la suspensión del juicio a cambio de someterse a la sentencia.
