Ambientalistas de varias provincias pidieron la suspensión de la mina Potasio Río Colorado, en la que Pérez quiere invertir

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En el Carrusel, el gobernador con su mujer, Celina Sánchez. En medio de la euforia, dijo que Mendoz quiere invertir en minería. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
En el Carrusel, el gobernador con su mujer, Celina Sánchez. En medio de la euforia, dijo que Mendoz quiere invertir en minería. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

 

El gobernador Francisco Pérez quiere invertir fondos públicos en el proyecto minero Potasio Río Colorado, que gestiona la compañía brasileña Vale con serias dificultades financieras que hicieron caer el plan de inversiones y congelaron las operaciones en la cuenca del Colorado, al Sur de la ciudad de Malargüe. El parate del emprendimiento abrió nuevamente el frente de conflicto ambiental, que había dejado de ser un problema para el gobierno y los dueños del negocio desde que se comenzó a contratar trabajadores para ejecutar el proyecto.

En la euforia de los festejos vendimiales, Pérez anunció por Mdz radio que está interesado en poner a la provincia como inversora del proyecto Potasio Río Colorado, entre otras cosas, para garantizar la continuidad de Vale al frente de la gestión del mismo. Mendoza viene de firmar con la compañía brasileña un acuerdo según el cual se seguirán pagando los sueldos de los contratados de la empresa en Malargüe, a pesar del parate de los trabajos, pero no se aseguró cuándo ocurrirá eso finalmente. En 15 días se debería conocer el nuevo plan que Vale está diseñando sobre una propuesta del Gobierno de Argentina para mantener al gigante minero brasileño en Malargüe.

Mientras la Presidenta y el gobernador buscan alternativas para retener a la minera brasileña, un grupo de organizaciones ambientalistas de Mendoza, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y Neuquén cuestionó las negociaciones entre el gobierno nacional y la empresa brasileña, Vale, para reactivar el millonario emprendimiento Potasio Río Colorado, una inversión minera proyectada en más de 6.000 millones de dólares, que fue paralizado el 21 de diciembre del año pasado.

El parate en la operaciones de la mina mendocina producido por la crisis financiera de Vale provocó desesperación nacional y provincial por evitar lo que consideran una catástrofe: que la empresa deje definitivamente el proyecto. Pero también motorizó una reacción desde el universo del activismo ambientalista, en la que participan 11 asociaciones mendocinas, junto a otras de provincias de la cuenca del Colorado.

En el Carrusel se movilizaron las agrupaciones ambientalistas de Mendoza "contra la megaminería contaminante". Foto: Twitter Nimsi Franciscangeli -  @nimsi87
En el Carrusel se movilizaron las agrupaciones ambientalistas de Mendoza "contra la megaminería contaminante". Foto: Twitter Nimsi Franciscangeli - @nimsi87

Las agrupaciones de Mendoza se manifestaron este sábado en el Carrusel de la Fiesta de la Vendimia "contra la megaminería contaminante". Los militantes por el ambiente libre de contaminación de parte de las mineras, coparon el inicio del desfile de carros departamentales en la clásica celebración previa al acto central en el que se corona a la reina.

El Diario, de La Pampa, reveló que bajo el título Lo que Cristina quiera ceder a Dilma y Vale, no nos vale, las organizaciones ambientalistas de la cuenca del río emitieron un documento en el cual rechazaron “la servil oferta que el gobierno nacional habría hecho a la minera Vale sobre el proyecto Potasio Río Colorado, ni nos vale lo que puedan acordar las presidentas el 7 de marzo”.

En el documento las organizaciones sentaron: “No nos vale ningún argumento, ni el 'todo vale' de Vale, empresa ya reconocida como una de las peores del mundo por sus conflictos laborales, daños ambientales y violaciones a los derechos humanos. No nos valen las presiones que el gobierno de Brasil y su trasnacional minera (VALE) hacen a la Argentina y a su presidenta para no abonar el IVA que todos pagamos por ley, mientras la empresa reconoce haber distribuido en 2012 ganancias a sus accionistas por 6.000 millones de dólares. No nos valen las declaraciones de la presidenta Cristina, que sólo aspira a equilibrar la balanza comercial con Brasil, aunque sea a costa de exportar y agotar rápidamente nuestros bienes comunes no renovables”.

El escrito plantea, como alternativa a la continuidad de Vale en Malarüe, “equilibrar el desarrollo de nuestra región con proyectos que tiendan a satisfacer nuestras necesidades como pueblo, ahora y para nuestro futuro”.

Las entidades firmantes consideraron que “el Proyecto Potasio Río Colorado nació y sigue en conflicto con nuestras comunidades. No fue tramitado, evaluado y aprobado de manera integral, sino muy fragmentada en múltiples jurisdicciones, y aún incompleta a la fecha. Hemos advertido a los argentinos sobre los riesgos para las aguas del río Colorado, que no han sido eliminados, y el exorbitante consumo de energía que conlleva el proyecto. Hoy la presidenta y el gobernador de Mendoza afirman que la extracción anual será el doble de lo que fue aprobado y, según el ministro De Vido, el requerimiento de gas también será el doble (2 millones de m3 por día) y más contaminante ('shale gas')”.

También cuestionan el plan del tren del potasio, medio de transporte del mineral desde el yacimiento hasta el puerto. Las ONG subrayaron que “el conflicto generado en el puerto Ingeniero White, de Bahía Blanca, por donde saldría el potasio hacia Brasil, es la síntesis del presente y futuro de este proyecto: el no respeto a las comunidades ni a su ambiente”.

Citadas por El Diario, las organizaciones reclamaron la suspensión del Proyecto Potasio Río Colorado, con indemnización a trabajadores y pequeñas empresas locales no partícipes de grandes negocios. Además, exigieron que se cumpla, con participación de todas las provincias que integran la cuenca y sus organizaciones sociales, la evaluación de impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del proyecto pedida por el Defensor del Pueblo de la Nación en la Resolución 108 de 2010, que “nunca realizada”, afirmaron.

Las organizaciones firmantes

De La Pampa: Asociación civil Alihuen y Fundación Chadileuvú.

De Mendoza: Asamblea Popular por el Agua, OIKOS Red Ambiental, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos, Asamblea del Pueblo de Alvear, Autoconvocados de Tunuyán, Asamblea de Vecinos de Tupungato, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Asamblea Maipucina por el Agua, Asamblea de Vecinos de Luján de Cuyo, Asamblea de Las Heras por el Agua y Asamblea por el Agua de Guaymallén.

De Neuquén: FOPERMA, Fundación ECOSUR y La Brecha.

De Buenos Aires: AUKAN y Observatorio Petrolero Sur.

 

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