Por Javier Polvani
@javierpolvani
Con una crisis creciente en las cuentas públicas agravada por condiciones políticas nacionales y locales, el gobernador Francisco Pérez agilizó el diálogo en primera persona con los capitales rusos que controlan el proyecto minero San Jorge, que prevé la extracción principalmente de cobre en Uspallata. Los rusos que tomaron la dirección del proyecto que encabezaba la inglesa de Coro Mining presionan para que Mendoza los habilite a tratar con cianuro los metales extraídos de la montaña, para lo cual es necesario cambiar la Ley 7.722.
Mientras los ámbitos de la política y los negocios del país tambaleaban ante las alternativas abiertas por la decisión de la Justicia de Estados Unidos de condenar a Argentina a pagarle a los buitres todo lo que reclaman al contado, el miércoles pasado, el gobernador de Mendoza le hizo un lugar en su agenda a los representantes de San Jorge, controlada en la actualidad por dos grupos rusos.
El encuentro no fue difundido en la agenda pública del mandatario, al igual que sucedió con el que se desarrolló en Buenos Aires diez días antes con los mismos sectores en la mesa. Los grupos rusos Solway Investiment y Aterra Capital ostentan el 70% del paquete accionario de San Jorge. Desde febrero nombraron a Taras Nechiporenko como CEO del negocio, que es el primero de estos accionistas en el país.
Las conversaciones entre las partes avanzaron en medio de una compleja situación para las cuentas provinciales, que se agudizó con la condena de la Justicia estadounidense al Estado argentino a cancelar al contado la deuda que reclaman los fondos buitres que montaron una estafa con bonos en default. A la par, los ambientalistas reunidos en las asambleas por el agua iniciaron una campaña con despliegue en las calles de la defensa a la letra original de la Ley 7.722.
Los rusos adquirieron la empresa que puja por los minerales de Uspallata con la promesa de invertir 200 millones de dólares y crear 2.000 puestos de trabajo, informó en mayo el diario Los Andes con Nechiporenko como fuente. La prioridad en la negociación con el gobierno de Pérez es la eliminación de las prohibiciones de la Ley 7.722 para el uso de sustancias químicas imprescindibles en el proceso de la minería metalífera, como el cianuro, que es el más conocido de los productos que requiere la actividad.
Sin esa posibilidad, los accionistas de San Jorge activarían un plan B: dividir el proyecto en dos sedes geográficas. Los metales extraídos en Uspallata serían trasladados en tren a Calingasta, San Juan, donde se someterían al tratamiento con los químicos prohibidos en Mendoza. La legislación pro minera de la vecina provincia le dio a San Jorge un magnífico instrumento de presión, más allá de que los funcionarios locales ligados al tema dicen por lo bajo que la alternativa de Calingasta es inviable por los costos.
En el Gobierno consideran una gran oportunidad, más aún en el actual contexto, que los rusos puedan ejecutar su plan en Uspallata, sin ninguna pata en San Juan. No obstante, el Gobernador no está dispuesto a asumir el costo político de la derogación de las prohibiciones de la ley, por lo que se decidió a avanzar en el diálogo con los inversores a la espera de que sea la Suprema Corte la que abra las puertas de la minería metalífera a gran escala en la provincia.
Los capitales de San Jorge también están expectantes de la decisión judicial respecto a múltiples planteos de inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley que rige la minería, aprobada en el ocaso de la gestión provincial del radical Julio Cobos.
El máximo tribunal provincial ha dilatado la sentencia en las causas por inconstitucionalidad, a pesar de que desde distintos ámbitos se especuló en varias oportunidades con la inminencia de un fallo. En la Corte ni siquiera se descarta un llamado a las partes en pugna a defender sus posturas en una audiencia pública.
El crecimiento de la presión del lobby minero como contexto
Las reuniones de Pérez con los accionistas de San Jorge se produjeron en un contexto de creciente presión del lobby minero provincial contra la vigencia de la Ley 7.722 tal cual está. El intendente de Malargüe, Juan Antonio Agulles (PJ), se puso como cabeza visible de una avanzada contra la normativa referida a la actividad minera que tiene como brazo ejecutor al diputado del peronismo malargüino José Muñoz, autor de una iniciativa para modificar la actual legislación.
En la presentación ante la prensa del proyecto, el intendente sureño aseguró que la iniciativa contaba con el apoyo de otros jefes comunales y que estaba en conocimiento del gobernador, quien no vetó la acción de los malargüinos en la Legislatura. Sin embargo, una vez expuesto el proyecto no generó ninguna adhesión en público ni el respaldo necesario para avanzar en el trámite legislativo.
San Jorge es el proyecto más avanzado en el rubro metalífero en la provincia, pero no el único que tomaría aire si la Justicia o la política habilitan el uso de los químicos en cuestión. La extracción en Uspallata fue sometida a audiencia pública y al análisis de los organismos que requiere el proceso de impacto ambiental.
El freno proselitista de Pérez
La ejecución del proyecto San Jorge fue frenada por la Legislatura provincial a instancias de un iniciativa de corte proselitista de Paco Pérez en el tramo final de su campaña para la Gobernación.
El mandatario tuvo en su pasado profesional un estudio de abogacía en sociedad con los representantes locales del proyecto minero localizado en Uspallata, situación que provocó señalamientos hacia el actual gobernador cuando era candidato y que desencadenó el hecho político proselitista con mayor influencia en la práctica de los últimos tiempos: una declaración legislativa que le bajó la barrera a los capitales mineros que venían por el cobre mendocino.
Entonces, Pérez dijo que el humor social era un obstáculo infranqueable para avanzar en la discusión del desarrollo de la minería metalífera. Lo mismo repitió cada vez que algún dirigente propio o ajeno con afecto por el lobby minero intentó reinstalar el debate ya bajo el mandato del peronista. Entre la acción proselitista que desterró las chances de la minería metalífera en la agenda de coyuntura, se cayó la alternativa para la minería que ofrecía Mendoza a la par de impedir la extracción de metales: el proyecto para extraer potasio a la vera del Río Colorado, al Sur de Malargüe.
