El decreto del nuevo gobierno de Bolivia que "promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas debe ser derogado inmediatamente", y la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez "tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas", advirtió Amnistía Internacional (AI).
"La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo", declaró en un comunicado la directora para América Latina de AI, Erika Guevara Rosas.
De confirmarse la veracidad del Decreto 4078, #Bolivia estaría violando estándares internacionales de derechos humanos al dar vía libre a las FFAA para actuar en los operativos de reestablecimiento del orden interno sin riesgo de tener que responder penalmente por sus actos. https://t.co/bsO50MRb5g
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) November 17, 2019
Añadió que "los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos".
AI señaló en que el decreto 4078 del 14 de noviembre, que no fue publicado aún en la Gaceta Oficial del Estado, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando sus miembros "actúen en legítima defensa o estado de necesidad".
