Dos de los gremios principales de empleados estatales, AMPROS y el SUTE, manifestaron su rechazo al proyecto para aumentar la cuota de OSEP para sanear sus cuentas y acusaron a Rodolfo Suarez de desfinanciar la obra social al pasar la guadaña por los salarios de los empleados públicos. Esta semana comenzará a discutirlo la Legislatura.
Suarez mandó a la Legislatura un proyecto de ley que establece que los aportes de los familiares que hoy son del 0.08% pasen al 0.75%. Hoy lo que paga un afiliado es de 6% de su salario y 0.08% por cada miembro de la familia que tenga a su cargo. Esto significa que un empleado que gane $100 mil mensuales, tendrá un aporte de $6 mil y en caso de que esté casado y con dos hijos, paga $80 por familiar.
Para compensar la degradación salarial de los estatales -que los gremios calculan en 36% de pérdida de poder adquisitivo- Suarez propone que el aporte por familiar pase de 0.08% a 0.75%, es decir que de los $80 estimativos pasarían a pagar $750.
Se lee en el proyecto en su artículo 22: "Impónese un aporte mensual de los afiliados obligatorios de la Obra Social, destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas de OSEP, de la siguiente forma: por el afiliado directo un aporte de 0,25%, y por los afiliados indirectos un aporte de: 0,75% para un (1) Indirecto a cargo, 1,50% para dos (2) Indirectos a cargo, y 2,25% para tres (3) o más lndirectos a cargo. Estos porcentajes se aplican sobre la remuneración que perciba el afiliado directo calculada de acuerdo a las pautas del artículo 23. Lo recaudado será destinado a atender las mayores erogaciones relacionadas con enfermedades catastróficas (trasplantes de órganos y tej idos, hemodiálisis, fibrosis quística, hemofilia, esclerosis múltiple y otras), los avances en los métodos de detección y la cronicidad observada en su requerimiento".
Aunque tanto AMPROS como el SUTE se mostraron acuerdistas en las paritarias firmando los aumentos que propuso el oficialismo, el sindicato de profesionales de la salud recordó que durante 2020 Suarez no aumentó ni un peso los salarios, lo cual agravó la crisis de la OSEP.
Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS, señaló que “la intención del Ejecutivo Provincial es ajustar los aportes cuando en realidad el déficit fue causado porque durante 2020, en plena pandemia y con lo que ello significó para nuestro sector, el Ejecutivo no aumentó un peso a los profesionales de la salud. Por lo tanto, la obra social tampoco incrementó sus aportes y esto produjo un desfinanciamiento, más allá de los desmanejos y las malas políticas de gestión que se han ido produciendo en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) durante años”.
Por su parte, el SUTE remarcó que "el gobierno de la Provincia de Mendoza avanza en un recorte salarial a más del 50% de los y las trabajadoras del Estado, impulsa en la legislatura provincial un proyecto de ley que pretende aumentar más del 800% el aporte de 95.309 afiliados de los más de 103.000 que sostenemos con nuestros salarios la obra social".
"Es el mismo gobierno que lleva más de 7 años desfinanciando la obra social con pésimas, casi nulas, prestaciones en algunos rincones de la provincia, con una administración muy poco transparente y sin la participación real por parte de quienes sostenemos y aportamos para nuestra salud. Pretenden que sea el botín para los conchabos y la caja de la política#, agregó el gremio que nuclea a los docentes y celadores.
Suarez había adelantado a finales de 2021 sus planea para aumentar drásticamente la cuota de OSEP. "Con OSEP pasa lo que pasa con el transporte público, que pagamos un boleto de 25 cuando tendría que valer 100", dijo entonces, quejándose de lo que pagan los empleados públicos por la atención de su salud.
Constantes aumentos, menos prestaciones
La OSEP está sumida en una crisis que se agravó después de la pandemia, con la caída de prestaciones en toda la provincia en un ritmo tan vertiginoso como el aumento de las cuotas que el Gobierno comunicaba en el Boletín Oficial.
Uno de los hitos del desfinanciamiento fueron las demoras en la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos, que tuvieron que salir a protestar para recibir una mínima escucha oficial.
En contraste, en abril de 2022, y motivados por la desatención y la caída de las prestaciones, afiliados autoconvocados publicaron un documento con el detalle de lo gastado por el Gobierno de Mendoza en publicitar la obra social de los empleados públicos, en detrimento y en contraste con la caída de los servicios que se debería brindar a los asociados.
