Alfredo Cornejo se jactó ante empresarios del petróleo de haber sorteado la prohibición de gobernar mas de un mandato seguido establecida por la Constitución de Mendoza.
Lo dijo sin rodeos ante empresarios del Club del Petróleo, donde recordó que Mendoza es la única provincia que prohíbe la reelección del gobernador y también la sucesión familiar en el cargo. “Esa cláusula tiene beneficios en términos de institucionalidad, aunque impide proyectos de largo plazo. Gracias al equipo que conformamos con Rodolfo Suárez logramos mantener un programa de gobierno durante diez años”.
La cooptación de poder del cornejismo incluye el Poder Judicial, la Legislatura, los entes de control y el manejo con mano de hierro de los medios a través de la pauta
La frase, lanzada en un exclusivo hotel porteño, no solo exhibe una estrategia de continuidad institucional sin precedentes en Mendoza, sino que revela el verdadero núcleo del modelo: blindar políticamente la expansión extractivista, sin fisuras internas ni oposición efectiva.
Cornejo amagó con reformar la Constitución durante su primer mandato (2015–2019) para habilitar la reelección, pero desistió ante la resistencia social y política. En lugar de eso, diseñó una arquitectura de sucesión: colocó a Suárez como gobernador, retuvo el control del radicalismo mendocino y se proyectó nacionalmente desde el Congreso. Aunque su intento de liderazgo nacional no prosperó, el esquema provincial siguió funcionando.
En 2023, volvió a postularse para la gobernación, mientras Suárez se ubicaba como senador suplente, listo para ocupar su banca si Cornejo regresaba al Ejecutivo. Una ingeniería institucional que, sin romper la letra constitucional, le permitió gobernar diez años sin reelección.
El pacto de hegemonía política y la minería
Ese pacto de alternancia entre Cornejo y Suárez no solo consolidó una hegemonía política, sino que allanó el camino para el avance de la megaminería. En su segundo mandato, Cornejo abrochó la habilitación legislativa para proyectos mineros, en una provincia históricamente marcada por la resistencia ambiental. En su exposición ante el Club del Petróleo, el gobernador lo dejó claro: “Estamos apostando por el petróleo y la minería porque nuestro promedio salarial, basado en la agricultura y el turismo, es bajo. Queremos que crezca la economía y que crezca el salario, y para eso necesitamos más energía y minería”.
La narrativa oficial se apoya en la “alta institucionalidad” mendocina como garantía de seguridad jurídica para las inversiones. Cornejo lo repitió como mantra: Mendoza no permite la reelección ni la sucesión familiar, no tiene denuncias por corrupción y ha reducido la litigiosidad judicial. Pero esa institucionalidad también ha servido para desactivar resistencias: el sindicalismo “no condiciona al sector ni al Gobierno”, y el peronismo opositor ha sido “domado a bajo costo”, como señala el texto de contexto. En ese marco, el avance extractivista se presenta como inevitable, racional y necesario.
Licitaciones blandas y regalías cero: el subsuelo de oferta
Como viene haciendo n cada foro minero en el que s presenta, Cornejo remarcó el «entorno favorable para las inversiones, sin imponer trabas ni condiciones obligatorias de asociación con socios locales». Esto es: licitaciones blandas, rebaja de impuestos y hasta regalías cero para tentar a empresas a llevarse los metales de la cordillera.
La estrategia incluye incentivos fiscales agresivos: reducción de regalías a la producción incremental, regalías cero para determinados pozos, licitación continua de áreas, reglamentación de la iniciativa privada y generación de bases de datos públicas. Todo orientado a atraer inversiones en petróleo convencional y minería, en un contexto donde Vaca Muerta concentra los capitales y las cuencas mendocinas han quedado relegadas. “Todavía existe espacio para el convencional, especialmente con empresas más chicas y eficientes”, sostuvo Cornejo, omitiendo el impacto social, económico y ambiental del Plan Andes (como se bautizó a la retirada de YPF).

La Ley 7722, en pasado
Cornejo dijo que Argentina exporta apenas 3.000 millones de dólares en minería, frente a los 55.000 millones de Chile.
“Argentina, literalmente, no está haciendo minería y eso se debe a razones macroeconómicas. Mendoza tuvo trabas con una ley muy restrictiva, pero incluso provincias más abiertas tampoco recibieron grandes inversiones”, señaló.
La continuidad política sin reelección, entonces, no es solo una curiosidad constitucional. Es el corazón de una estrategia que permite sostener un proyecto de poder, desactivar resistencias, y avanzar sobre los territorios con una lógica de expansionista.