Este martes 5 de agosto, trabajadores autoconvocados del Hospital Central y gremios como Sipes y Sitea volverán a alzar la voz frente a la profundización de la crisis sanitaria en Mendoza y la persecución a los que protestan. La jornada de protesta incluirá paro, asamblea y una marcha de antorchas que partirá desde las puertas del hospital en pleno centro de la capital.
La criminalización de la protesta ha dejado de ser en Mendoza un fenómeno aislado para convertirse en una política de disciplinamiento estatal que avanza sobre trabajadores, activistas y asambleístas. El caso más reciente es el de César Castillo, trabajador de hemodiálisis del Hospital Central con más de tres décadas de trayectoria, despedido esta semana tras participar de una protesta contra la precarización salarial.
Cronograma de la protesta:
- 8: Asamblea en la explanada del Hospital Central
- 18: Concentración y marcha de antorchas desde el hospital
El comunicado de la asamblea denuncia una situación de emergencia en el sistema público de salud, marcada por el maltrato laboral, la precarización y la persecución a quienes sostienen cotidianamente el servicio sanitario. Bajo el lema “¡Que no se apague la salud pública!”, los trabajadores exigen medidas urgentes y denuncian el despido de Castillo, profesional distinguido en hemodiálisis y formador de nuevas generaciones, expulsado por participar de protestas por mejores salarios.
Entre los reclamos se destacan:
- Reincorporación inmediata de César Castillo
- Recomposición salarial para todo el personal
- Pase a planta y reconocimiento de áreas críticas
- Régimen 27 para licenciados en enfermería
- Concursos transparentes para cargos jerárquicos
- Fin de la violencia y persecución laboral
Trabajadores precarizados
La protesta se inscribe en una serie de movilizaciones que vienen visibilizando el ajuste en el sistema sanitario provincial, donde las y los trabajadores denuncian que “la salud pública está en emergencia y quienes la sostienen están siendo abandonados por el Estado”.
Desde la asamblea advierten que seguirán movilizados hasta que se garantice un piso mínimo de derechos laborales, salariales y profesionales para quienes sostienen día a día la atención hospitalaria en condiciones extremas.
