Este lunes 29 y martes 30 de septiembre, gremios estatales y trabajadores de la salud de Mendoza realizarán dos jornadas de protesta en rechazo al proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo.
La reforma del Estatuto ataca la estabilidad de los agentes públicos, piedra angular de los derechos laborales y humanos
El lunes 29 de septiembre se realizarán asambleas y movilizaciones en todos los lugares de trabajo, mientras que el martes 30 habrá huelga, paro total de actividades y concentración frente a la Legislatura provincial desde las. El objetivo: frenar la aprobación del proyecto en el Senado y exigir su redirección a paritarias.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, donde tuvo tratamiento exprés, será tratada el martes en el Senado provincial, donde se espera una votación ajustada. ATE, AMPROS y los trabajadores autoconvocados del Hospital Central confluyen en un plan de lucha conjunto que incluye asambleas, veladas, paro total de actividades y movilización frente a la Legislatura.
Reforma estructural y cuestionamientos gremiales
La reforma propuesta modifica la Ley 560/73 y ha sido calificada por gremios y especialistas como una “reforma laboral encubierta”, regresiva e inconstitucional. Según los sindicatos, el proyecto vulnera derechos laborales fundamentales como la estabilidad, la antigüedad, el derecho a defensa y el régimen indemnizatorio. Además, denuncian que consolida un modelo de precarización estructural que afecta a más de 100.000 trabajadores estatales.
Cinco puntos críticos del proyecto
Entre los aspectos más conflictivos del proyecto se encuentra la creación de la figura del “personal interino". Según el artículo 4 bis, este tipo de contratación no garantiza estabilidad, lo que habilita despidos sin causa, sin indemnización y sin derecho a reinstalación, incluso si el despido es declarado nulo.
Otro punto cuestionado es la eliminación del cómputo de antigüedad previa. El artículo 9 indica que los trabajadores que ingresen como interinos no tendrán reconocida ninguna antigüedad anterior, incluso si llevan años prestando servicios en el Estado bajo figuras contractuales.
El artículo 53 impide impugnar sanciones disciplinarias de hasta 15 días, salvo que se acredite abuso de poder, discriminación o violación de derechos fundamentales. Esta disposición habilita cesantías encubiertas, ya que el Estatuto establece que más de quince días de suspensión en seis meses es causal de despido.
En cuanto al régimen indemnizatorio, el artículo 5 modifica el cálculo vigente. Actualmente, la indemnización se determina como un mes de sueldo por cada año de servicio, con una escala que reconoce la antigüedad. El proyecto propone un monto único del 100% del último salario, lo que representa una pérdida significativa para quienes han dedicado décadas al servicio público.
Además, el artículo 50 establece que, aun cuando un despido sea declarado nulo, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso, salvo en casos de persecución sindical o discriminación.
Impacto transversal en el empleo público
La reforma tiene un alcance transversal, ya que el Estatuto funciona como norma supletoria en múltiples regímenes laborales. Por lo tanto, docentes, celadores, personal de salud, judiciales, administrativos, policías, penitenciarios y contratados quedarían expuestos a un nuevo marco de inestabilidad.
Huelgas, protestas y vigilia con velas
Desde AMPROS, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, señalaron que “los legisladores oficialistas, de espaldas a la ciudadanía, intentarán transformar en ley la modificación del Estatuto del Empleado Público propuesta por el gobernador Alfredo Cornejo”. La secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, afirmó que la iniciativa “jaquea la estabilidad laboral de más de 100.000 trabajadores estatales y vulnera pilares como la estabilidad, la antigüedad y el derecho a defensa”.
Los trabajadores autoconvocados del Hospital Central también expresaron su rechazo. En un comunicado, convocaron a “adherir activamente al plan de lucha en defensa de nuestros derechos y de la salud pública”. Entre sus reclamos figuran el pase a planta permanente de los “héroes de la pandemia”, la reincorporación de César Castillo —despedido por reclamar derechos laborales— y el rechazo a las evaluaciones de desempeño realizadas por punteros políticos.
ATE convocó a otro paro contra la reforma laboral y el ataque a la estabilidad que impulsa Cornejo
Senado dividido
En el Senado, el oficialismo cuenta con 19 bancas. La oposición podría igualar ese número si se suman los monobloques de Armando Magistretti (PD) y Duilio Pezzutti (Podemos Encuentro Peronista). En ese escenario, el oficialismo no necesitaría recurrir al voto de desempate de la vicegobernadora Hebe Casado.
Una semana decisiva
La semana se presenta decisiva para el futuro del empleo público en Mendoza. Los gremios y trabajadores organizados buscarán frenar una reforma que, de aprobarse, modificaría de manera estructural las condiciones laborales en el Estado provincial.
