En Mendoza, alzar la voz cuesta caro. Protestar por el salario, por el agua o por el territorio puede significar perder el trabajo, enfrentar causas judiciales eternas o ver la puerta de la cárcel desde adentro
La criminalización de la protesta ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una política de disciplinamiento estatal que avanza sobre trabajadores, activistas y asambleístas. El caso más reciente es el de César Castillo, trabajador de hemodiálisis del Hospital Central con más de tres décadas de trayectoria, despedido esta semana tras participar de una protesta contra la precarización salarial.
Este jueves en el Hospital Central hubo una protesta por Castillo, a la que acudieron gremios como Sipes, AMPROS, Sitea y los Autoconvovados del Hospital Central, quienes denunciaron la persecución a los trabajadores, "impropios de una democracia".
Vecino al calabozo
La semana pasada, la jueza Natacha Cabeza del Primer Juzgado Penal Colegiado de Mendoza condenó a un vecino de Las Heras a tres meses de prisión efectiva por participar de una protesta el 11 de junio en la que se cortó una calle. Se escudó para la condena en que esta persona tenía antecedentes menores.
La pena, producto de un juicio abreviado homologado por el fiscal Fernando Giunta y la defensa, fue acompañada por la declaración de reincidencia, lo que obligará al acusado a cumplir la totalidad de la condena en situación de encierro.
Despidos como castigo
Castillo no es el primero que cae bajo el yugo del oficialismo cuando alguien protesta. Federico Soria, referente ambiental y autor del proyecto de ley para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, fue cesanteado por la Administración de Parques Nacionales luego de haber sido encarcelado tras protagonizar reiteradas protestas contra el proyecto minero San Jorge.
En su denuncia ante la Organización Mundial Contra la Tortura, Soria habló de tortura psicológica, persecución laboral y criminalización sistemática por parte del aparato estatal y los intereses privados del lobby minero.
Encarcelados tras protestar
En Uspallata, además, la represión tomó forma judicial. Soria y otro vecino y asambleísta, Mauricio Cornejo, estuvieron detenidos cinco semanas y tres días, respectivamente, sin que se hallaran pruebas en su contra por una supuesta amenaza. La denuncia la realizó Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, quien no aportó pruebas ni testigos que lo respalden.
El jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, admitió que la Justicia local no tenía competencia en el caso, pero para cuando lo hizo, los activistas ya habían pagado con su libertad. La causa fue impulsada por una denuncia del titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, y fogoneada por el oficialismo, y la respuesta institucional no se hizo esperar: detenciones, imputaciones y al calabozo.
La Iglesia repudió la persecución
La gravedad de la persecución institucional contra los vecinos de Uspallata llevó a la Iglesia Católica a intervenir. El nodo argentino de la red Iglesias y Minería, junto a la Pastoral Social de Mendoza y el arzobispo Colombo intervino y el nodo emitió un comunicado demoledor:
“La justicia no es claramente imparcial y se pone el sistema policial y judicial en aparente servicio de las empresas y funcionarios que promueven los proyectos mineros”. A su vez, recordaron que la comunidad ya había rechazado el proyecto San Jorge en dos ocasiones, pero que se insiste en imponerlo.
Causas eternas como castigo burocrático
Otra cara del disciplinamiento es el desgaste judicial. Nora Moyano, asambleísta de Las Heras, enfrenta causas abiertas desde 2019 por participar de una manifestación masiva contra el intento oficialista de derribar la Ley 7722.
La causa, por “privación ilegítima de la libertad”, fue impulsada por Jerónimo Shantal, premiado luego por Alfredo Cornejo con la dirección de Minería. Desde entonces, Moyano peregrina por tribunales mientras la Procuración, comandada por Gullé, continúa multiplicando imputaciones contra manifestantes, vecinos y activistas.
En Mendoza el que protesta, marche preso
La criminalización de la protesta es una política de Estado de los últimos años. En noviembre de 2024 el juez Juan Manuel Pina, del Juzgado Penal N°1, equiparó el derecho a la protesta y a peticionar en las calles con un delito y elevó a juicio una causa en contra de varios gremialistas.
En una audiencia colectiva contra referentes gremiales que protestaron en las calles por salarios, Raquel Blas fue la única gremialista que no aceptó la probation que impuso Pina a sindicalistas que se manifestaron en las calles y por tanto la acusación en su contra fue elevada a juicio. Referentes de ATE, en cambio, se sometieron a la sentencia judicial y aceptaron la probation a cambio de suspender el juicio.
