La Asamblea Popular por el Agua, Oikos y otras organizaciones ambientalistas se declararon en alerta y en pie de lucha contra el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial que impulsa el Gobierno de Francisco Pérez, que entre sus puntos contempla reformas a la ley 7722, que impide la minería contaminante, y específicamente el uso de cianuro y otros químicos.
El Ministerio de Ambiente convocó a una audiencia pública para el 15 de abril -resistida por estas organizaciones porque, aseguran, "no se han cumplido los pasos procedimentales para realizar la convocatoria, lo cual lesiona el derecho al acceso a la información y a la participación pública", como detalló Oikos en un documento enviado al Ejecutivo- y es allí donde los ambientalistas plantearán una serie de objeciones al plan oficial, entre ellas:
- Postula un modelo agrícola agotado y la necesidad de impulsar otras industrias.
- Promueve la energía nuclear. (pág.154)
- No está presente la Ley de Glaciares junto a las leyes complementarias del Ordenamiento Territorial. (pág. 8, 135, 189).
- La ley 7722 está nombrada como "Ley de minería" (pág. 134), sabemos que no prohíbe este tipo de industria, solo evita la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro. La citan, bajo el subtítulo de las leyes a modifcar o derogar. La presentan en la columna de "amenazas". (pág 204) En síntesis, se reafirma que la Ley 7722, no está acorde al modelo territorial deseado.
Pese a que, por pasos procedimentales -"no se cumplen los plazos establecidos por las leyes 8051, 5961 y las normas reglamentarias (Dec. 2109/94 y Res. 109/96)"- estos organismos pidieron de manera formal la reprogramación de la audiencia a una fecha posterior al 27 de abril, acercándose la fecha impuesta por el gobierno lanzaron una convocatoria a la participación y al reclamo de la vigencia de las leyes proteccionistas actuales, como la 7722.
La audiencia pública no es vinculante, es decir que los gobernantes pueden ignorar por completo lo que allí se diga, no obstante sirve como un termómetro del humor social, sobre todo en un tema sensible como la minería contaminante, que tiene gran resistencia social en Mendoza.
La norma está en una instancia de debate judicial que llegó hasta la Corte, que en diciembre de 2013 resolvió acumular los diez pedidos de inconstitucionalidad y resolver sobre el tema en pleno.
Es decir, todas las causas serán tratadas en conjunto y serán los siete jueces de la Corte local quienes decidan sobre la normativa.
Este es el plan que quiere debatir el Ejecutivo el 15 de abril en el Centro de Congresos:
