"Es el tercer preso político de Alfredo Cornejo". De esta manera sintetizó Marcelo Romano, abogado de Facundo Gollano (32), asambleísta y vecino de Villa Hipódromo detenido tras una protesta contra San Jorge, la persecución que arrecia contra los ambientalistas.
El abogado, también asambleísta, pero de San Carlos, reiteró tras la manifestación de este viernes que la megaminería metalífera "no tiene licencia social".
Gollano pasó la noche del viernes en un calabozo del Polo Judicial, en el llamado complejo Estrada, donde también estuvieron detenidos Mauricio Cornejo y Federico Soria, también encarcelados después de protestar contra la minera San Jorge. A Gollano le imputaron "tentativa de robo", mientras que Cornejo y Soria fueron encarcelados por una supuesta amenaza que nunca que corroborada, pero cuya causa sigue abierta.
La detención de Gollano
Facundo fue detenido tras una masiva marcha en defensa del agua y los territorios, que recorrió el centro mendocino desde el kilómetro 0 hasta la Legislatura provincial. Vecinos, asambleas y agrupaciones sociales rechazaron el avance del emprendimiento extractivo San Jorge, que busca explotar oro y cobre en Uspallata, sin licencia social ni garantías ambientales.
Video: Gentileza Asamblea por el Agua
La criminalización de la protesta ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una política de disciplinamiento estatal que avanza sobre trabajadores, activistas y asambleístas.
La detención de Gollano es el ejemplo más fresco de esta política. Hace un mes fue noticia el despido de César Castillo, trabajador de hemodiálisis del Hospital Central con más de tres décadas de trayectoria, a quien el Gobierno dejó el la calle tras participar de una protesta contra la precarización salarial.
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Vecino al calabozo
A mediados de julio, la jueza Natacha Cabeza del Primer Juzgado Penal Colegiado de Mendoza condenó a un vecino de Las Heras a tres meses de prisión efectiva por participar de una protesta el 11 de junio en la que se cortó una calle. Se escudó para la condena en que esta persona tenía antecedentes menores.
La pena, producto de un juicio abreviado homologado por el fiscal Fernando Giunta y la defensa, fue acompañada por la declaración de reincidencia, lo que obligará al acusado a cumplir la totalidad de la condena en situación de encierro.
Asambleístas tras las rejas y con causas judiciales
Mauricio Cornejo y Federico Soria estuvieron detenidos cinco semanas y tres días, respectivamente, sin que se hallaran pruebas en su contra por una supuesta amenaza. La denuncia la realizó Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, quien no aportó pruebas ni testigos que lo respalden.
El jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, admitió que la Justicia local no tenía competencia en el caso, pero para cuando lo hizo, los activistas ya habían pagado con su libertad. La causa fue impulsada por una denuncia del titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, y fogoneada por el oficialismo, y la respuesta institucional no se hizo esperar: detenciones, imputaciones y al calabozo.
Días atrás el fiscal Juan Manuel Sánchez agravó la acusación contra ambos, endilgándoles "privación ilegítima de la libertad" (141 del código Penal) y por "entorpecer una reunión lícita" (artículo 160 del código penal).
Otra cara del disciplinamiento es el desgaste judicial. Nora Moyano, asambleísta de Las Heras, enfrenta causas abiertas desde 2019 por participar de una manifestación masiva contra el intento oficialista de derribar la Ley 7722.
La causa, por “privación ilegítima de la libertad”, fue impulsada por Jerónimo Shantal, premiado luego por Alfredo Cornejo con la dirección de Minería. Desde entonces, Moyano peregrina por tribunales mientras la Procuración, comandada por Gullé, continúa multiplicando imputaciones contra manifestantes, vecinos y activistas.
En Mendoza el que protesta, marche preso
La criminalización de la protesta es una política de Estado de los últimos años. En noviembre de 2024 el juez Juan Manuel Pina, del Juzgado Penal N°1, equiparó el derecho a la protesta y a peticionar en las calles con un delito y elevó a juicio una causa en contra de varios gremialistas.
En una audiencia colectiva contra referentes gremiales que protestaron en las calles por salarios, Raquel Blas fue la única gremialista que no aceptó la probation que impuso Pina a sindicalistas que se manifestaron en las calles y por tanto la acusación en su contra fue elevada a juicio. Referentes de ATE, en cambio, se sometieron a la sentencia judicial y aceptaron la probation a cambio de suspender el juicio.
