La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acudió a la justicia contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, firmado por el Gobierno Nacional, al considerarlo una restricción ilegítima al derecho de huelga.
A través de un recurso de amparo presentado ante el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 20, el sindicato exige la suspensión inmediata de los efectos del decreto.
Restricción al derecho de huelga
El DNU 340/25 modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando el listado de servicios considerados “esenciales”, lo que obliga a garantizar un 75% de su prestación durante las medidas de fuerza. Antes de esta disposición, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definía como esenciales únicamente aquellos cuya interrupción podría poner en riesgo la salud, la vida o la seguridad de la población.
Desde ATE advierten que esta nueva normativa afecta directamente a los trabajadores estatales, ya que muchas de las actividades incorporadas como esenciales son brindadas por el Estado. Según Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato, la medida representa “una inconstitucionalidad manifiesta” y debe ser revocada con urgencia.
Acción judicial y rechazo sindical
En la presentación judicial, ATE argumenta que el decreto vulnera el derecho de huelga, el principio de progresividad y la libertad sindical, pilares fundamentales de la legislación laboral. Además, solicita la emisión de una medida cautelar para suspender la aplicación del decreto mientras se resuelve la causa.
Aguiar enfatizó la gravedad de la situación, afirmando que “si nos quitan el derecho de huelga, a los trabajadores no nos queda nada”, y responsabilizó a multinacionales y grandes grupos empresarios por la redacción de la normativa.
Impacto y repercusiones
El conflicto generado por el DNU 340/25 abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto de creciente tensión laboral. ATE ha manifestado su intención de sostener la resistencia en tribunales y movilizarse en las calles para defender los derechos de los trabajadores estatales.
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