La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley impulsado por Alfredo Cornejo que redefine el régimen jurídico de regalías mineras en la provincia y otorga la potestad al Ejecutivo de rebajar regalías por decreto a pedido de las mineras.
Con 39 votos afirmativos y 6 negativos, la iniciativa avanza hacia el Senado en medio de un clima de tensión política y social: mientras el oficialismo celebra la “modernización” del sistema, sectores opositores y organizaciones ambientales denuncian que se trata de un mecanismo para reducir por decreto la participación provincial en la renta minera y favorecer a las empresas.
Los votos negativos fueron deJosé Luis Ramón (CyC), Valentina Morán (PJ), Roxana Escudero (PJ), Rolando Scanio (LUM), Jorge Difonso (LUM) y Emanuel Fugazzotto (PV).
Un régimen con sello nacional
El proyecto se adecua a la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras, que fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. Mendoza ya había adherido a ese régimen en los noventa, y ahora busca darle rango legal a la determinación de la base de cálculo, los plazos de pago, las declaraciones juradas y las sanciones. La novedad más significativa es la posibilidad de aplicar reducciones, exenciones parciales o regímenes diferenciales según la rentabilidad de cada emprendimiento. Esa cláusula habilita al Ejecutivo a ajustar las regalías por decreto, replicando el esquema que Alfredo Cornejo ya aplicaba en el sector petrolero.
Cornejo viene rebajando regalías a los hidrocarburos por decreto, ahora se ampliará a la megaminería metalífera
La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, defendió la iniciativa ante los legisladores: “Si no hay posibilidad de acompañar al sector privado bajando o alivianando carga impositiva en los casos en que la rentabilidad se achica y los costos operativos se incrementan, lo que termina pasando es que las minas adelantan el cierre o recortan actividades de exploración complementaria. Y los que terminamos perjudicándonos somos nosotros, los mendocinos”.
Competitividad y licencia social
El discurso oficial combina dos ejes: previsibilidad para los inversores y fortalecimiento de la licencia social. El proyecto destina el 15% de las regalías provinciales a un Fondo de Desarrollo Socioambiental, orientado a controles, monitoreos participativos y fortalecimiento de la Policía Ambiental Minera. Además, el 12% de la recaudación irá a los municipios donde se realice la extracción, para obras públicas e infraestructura social y productiva.
Sin embargo, la estrategia no está exenta de polémica. Afuera del anexo legislativo, mientras se debatía el paquete de leyes, se escucharon protestas contra el proyecto San Jorge, el yacimiento de cobre en Uspallata paralizado hace más de una década por falta de licencia social. La vicegobernadora Hebe Casado fue recibida con silbatinas y críticas, luego de haber calificado de “trastornados” a quienes se movilizan por el cuidado del agua.
El debate en la Legislatura
Los defensores del proyecto, como el diputado Jorge López (UCR), sostienen que “las regalías estables y claras generan reglas de juego predecibles, evitan especulaciones y permiten que proyectos serios se presenten con planificación a largo plazo”. Para López, la iniciativa aporta seguridad jurídica y financiamiento para infraestructura económica, social y ambiental.
En cambio, voces opositoras como Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y Jorge Difonso (LUM) alertaron que la medida “afecta seriamente el patrimonio de los mendocinos” y que “este proyecto es peor que la Ley de Inversiones Mineras de los noventa”. Fugazzotto reclamó que todos los proyectos arranquen con un canon del 5%, mientras Difonso denunció que la rebaja de regalías implica resignar recursos de un bien no renovable en favor de empresas privadas.
Comparaciones regionales y antecedentes
El director de Minería, Jerónimo Shantal, reconoció que en el sector “no ha caído bien el 5% que impusieron Salta y Catamarca” para recaudar más. Según explicó, las regalías progresivas dependen del corte de ley del mineral y de su precio en el mercado. En Mendoza, la apuesta es flexibilizar ese esquema para no perder competitividad frente a otras provincias y países.
La estrategia de Cornejo no es nueva: en el sector petrolero ya se aplicaron rebajas de regalías para sostener la actividad en momentos de baja rentabilidad. Ahora, el proyecto San Jorge aparece como caso testigo para trasladar ese modelo a la minería. “Arrancan con el máximo y en las últimas etapas, cuando declina la rentabilidad, se plantea una especie de salvataje”, explicó Shantal, citando la experiencia de Bajo la Alumbrera en Catamarca.
Menos renta, más beneficios
El reparto previsto —88% para Rentas Generales, 12% para municipios— también genera cuestionamientos sobre la equidad territorial. Organizaciones sociales y ambientales advierten que la rebaja de regalías puede traducirse en una menor participación provincial en la renta minera, debilitando la capacidad del Estado para financiar proyectos de desarrollo y control ambiental.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto de regalías mineras avanza hacia el Senado. El oficialismo confía en consolidar un marco “moderno y competitivo”, mientras la oposición y las asambleas ciudadanas denuncian que se trata de un nuevo capítulo en la flexibilización de las reglas para las empresas extractivas. El desenlace legislativo definirá si Mendoza se convierte en la primera provincia en institucionalizar la potestad del Ejecutivo para bajar por decreto las regalías mineras.
