El tratamiento del proyecto de ley para la creación de un cuerpo de preventores en Mendoza ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, que denuncia una estrategia del oficialismo para delegar la seguridad en los municipios sin garantizar los recursos necesarios. Mientras el gobierno provincial defiende la iniciativa como una medida de descentralización, los legisladores opositores advierten sobre los riesgos de transferir responsabilidades sin respaldo financiero ni capacitación adecuada.
La estrategia de Cornejo y el rechazo opositor
Desde la oposición, distintos referentes han cuestionado el verdadero objetivo del proyecto. Para José Luis Ramón (CxC), la iniciativa busca descargar sobre los municipios una tarea que debería ser asumida por la Provincia. “La seguridad es un tema de todos, pero tener un cuerpo de preventores requiere de dinero y de acuerdo”, sostuvo, agregando que la transferencia de funciones podría generar más problemas que soluciones.
Edgardo Civit Evans (PJA) enfatizó que la medida ignora una realidad preocupante: la creciente deserción de efectivos policiales. “Advertimos que mes a mes es mayor la cantidad de policías que abandonan la fuerza para irse a otros sectores, lo que debe llamar a la reflexión”, expresó. Por su parte, Germán Gómez (PJ) apuntó contra la constitucionalidad del proyecto y su viabilidad práctica. “Ningún intendente va a aplicar esta ley sin recursos económicos. Prácticamente no va a tener aplicabilidad”, afirmó, planteando dudas sobre la autonomía municipal y el verdadero impacto del sistema propuesto.
Diputados dio media sanción, por mayoría, al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo mediante el cual se establecen las bases del sistema de seguridad ciudadana y de prevención localizada comunitaria como condición de la convivencia y el desarrollo socialhttps://t.co/eGdXc8QTea pic.twitter.com/20ecMHLG3B
— Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) May 28, 2025
Preocupación por la falta de capacitación y recursos
Varios legisladores también han advertido sobre los riesgos de delegar la seguridad ciudadana en personal sin formación específica. Emanuel Fugazzotto (PV) criticó la posibilidad de que civiles sean facultados para el uso de armas disuasivas. “Es una locura pensar que un personal civil con un arma disuasiva se va a ir a enfrentar [al delito]; es imposible”, sostuvo.
En la misma línea, Cintia Gómez (PRO) cuestionó la operatividad del proyecto. “No estoy en contra del uso de las Taser, pero si queremos que sean utilizadas por gente capacitada en la materia, no podemos darle a cualquier persona semejante responsabilidad y delegar esta función al personal municipal, a los preventores”, señaló.
Un debate abierto con posturas irreconciliables
Mientras el oficialismo insiste en que el proyecto permitirá a los municipios gestionar su propia seguridad, la oposición considera que la medida solo desestructura el sistema actual y deja a las comunas sin respaldo. “Estamos legislando en parches”, sentenció Juan Pablo Gulino (PJ), quien abogó por una estrategia integral con participación activa de los intendentes.
Las críticas también han incluido la falta de consulta a los municipios antes de avanzar con la iniciativa. “Se debió dar instancias de consulta para saber cómo es la vida municipal, y que las ideas surjan de la propia Legislatura”, manifestó Natalia Vicencio (PJ).
El debate seguirá en la Legislatura, con la oposición exigiendo mayor claridad sobre los alcances del proyecto y el oficialismo intentando consolidar su postura frente a las críticas.
Los alcances del proyecto
El proyecto de ley establece que los municipios serán responsables de dotar a sus cuerpos de seguridad ciudadana de los elementos necesarios para cumplir su labor, así como de garantizar la formación de sus integrantes.
La capacitación, en aspectos como resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador y contravencional, primeros auxilios, entre otros, estará a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
Además, "se prevé que, con la debida autorización del Ministerio de Seguridad, los agentes municipales puedan utilizar armas de baja letalidad, como bastones, aerosoles disuasivos, pistolas de aire comprimido o dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea, pero en ningún caso armas de fuego" señalarn voceros del Gobierno.
También podrán emplear recursos como drones y canes adiestrados, siempre que se cumplan los requisitos legales y se certifique el entrenamiento correspondiente. En cuanto al uso de armas de baja letalidad, la ministra aclaró que la capacitación y entrenamiento de los cuerpos estará a cargo del ministerio.
El proyecto también establece que estos cuerpos municipales no podrán portar armas de fuego, y prohíbe el uso de uniformes, escudos o insignias que puedan confundirse con los de las fuerzas policiales. “Cada municipio deberá definir una identidad visual propia que refleje el carácter preventivo de estos cuerpos”, detalló la ministra.
