La Legislatura dio despacho favorable al proyecto de Alfredo Cornejo para tomar nueva deuda por 160 millones de dólares, en nombre de la transformación digital en salud y educación. Bajo el rótulo de “inversión estratégica”, el Gobierno busca profundizar la informatización de servicios esenciales, mientras acumula compromisos financieros que condicionan el presente y el futuro de la provincia.
Los salarios y la obra pública son los rubros que ajustó Cornejo para pagar los intereses de la deuda en dólares que tomó
Según el detalle oficial, 85 millones serán destinados al sistema sanitario bajo el plan “Transformación Digital del Sistema de Salud de Mendoza”, que promete conectividad, equipamiento y capacitación. Los restantes 75 millones se aplicarían al sistema educativo con fines similares. El Ejecutivo proyecta licitaciones antes de fin de año y asegura que las primeras etapas estarán operativas en 2026.
Más endeudamiento
Sin embargo, detrás del discurso de modernización se esconde una práctica reiterada: el endeudamiento. La propuesta se apoya en la Ley 9460 de Transformación Digital, sancionada en 2023, y en el Plan de Salud 2024-2030, conocido no solo por sus proyecciones tecnológicas, sino por haber recortado derechos laborales y salariales en el sector.
Este nuevo pedido de financiamiento no es una excepción. Durante su primera gestión, Cornejo comprometió a la provincia con una deuda de 590 millones de dólares, cuyos vencimientos hoy asfixian las cuentas públicas. A esa mochila se le suma ahora otro tramo millonario que, más allá de los objetivos declarados, reproduce un modelo de gobierno sostenido en créditos externos y marketing institucional.
En comisión, los legisladores de la UCR y del PJ dieron vía libre al proyecto. Con palabras altisonantes como “la salud del futuro” o “la innovación como derecho”, se legitima un nuevo ciclo de deuda sin que se discuta a fondo su sustentabilidad financiera ni el verdadero impacto social del plan.
Así, mientras se proclama el acceso digital como sinónimo de progreso, se profundiza una dependencia estructural de la provincia respecto al crédito internacional.
Salarios y obra pública ajustados para pagar deuda
Según datos de Hacienda, en 2015 los salarios abonados a los empleados de la administración provincial fueron equivalentes al 62,3% en relación a los ingresos totales de la provincia, en 2023 esa relación fue del 37,4% y en el tercer trimestre de 2024 fue del 36,5%. La caída que muestran estos números es notoria.
Lo propio ocurrió con las partidas para obra pública, según se ve en el siguiente gráfico elaborado por el Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFIM) en base a datos de la Tesorería de Mendoza.
El doble filo de tomar deuda
Desde el oficialismo destacan que este salto tecnológico convertiría a Mendoza en "referente nacional en salud digital", citando experiencias exitosas como la implementación de sistemas digitales en guardias hospitalarias, que habrían reducido un 30% los tiempos de espera.
Pero voces críticas remarcan que el crédito se presenta como la única vía posible para financiar mejoras estructurales, sin explorar alternativas presupuestarias ni fortalecer ingresos genuinos.
A pesar del tono celebratorio con el que se presentó la propuesta, la Legislatura provincial tendrá la última palabra.
La deuda pública sobre las arcas provinciales
El debate promete reabrir viejas discusiones sobre la sostenibilidad de la deuda pública, la transparencia en el uso de fondos internacionales y el verdadero alcance de la transformación digital impulsada por el Gobierno.
En paralelo, sindicatos estatales y organizaciones de la salud advierten que modernización sin mejora salarial ni condiciones laborales podría derivar en mayor precarización.
