La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua impuestas a los ex magistrados Luis Miret (fallecido en septiembre de 2017), Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano, condenados en julio de 2017 por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
Fueron hallados culpables de los delitos de privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita en el contexto del delito internacional de genocidio.
Además, el fallo del máximo tribunal penal hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal -representado por el fiscal general Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante- frente a la absolución de tres acusados, una serie de hechos y el monto de algunas de las penas dictadas, según el caso.
El tribunal condenó, en total, a 25 personas: los cuatro magistrados mencionados, ocho ex jerarcas militares y funcionarios intermedios de las fuerzas armadas y de seguridad -todos a perpetua- y otros trece imputados que recibieron penas de entre 3 y 20 años de prisión.
Engranaje judicial del terrorismo de estado
"La sentencia es trascendente en cuanto hace a la revisión judicial del terrorismo de Estado en general, al haber confirmado las condenas a prisión perpetua contra los ex magistrados cuya participación criminal fue esencial para el accionar ilícito de las fuerzas armadas y de seguridad", le dijo Vega a Fiscales.gob.ar tras conocer el fallo.
En esa línea, resaltó que "la participación primaria supone reconocer que el aporte que hicieron los ex magistrados fue fundamental para que los delitos cometidos por el aparato represivo estatal se perpetraran del modo en que se llevaron a cabo".
Un juicio histórico
Después de 3 años y 5 meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal n°1 de Mendoza condenó en julio de 2017 a penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a los ex jueces federales Luis Miret y Rolando Carrizo, al ex fiscal federal Otilio Romano y al ex defensor público oficial Guillermo Petra Recabarren, al considerarlos partícipes primarios -según los casos- de privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita, hechos que el tribunal consideró constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de Genocidio.
Las penas impuestas a los magistrados coincidieron con las que habían sido requeridas por los fiscales Dante Vega, Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante durante los cinco meses de exposición de los alegatos, instancia en que describieron integralmente el aparato estatal represivo desplegado en la provincia, desde las autoridades militares hasta la actuación de los magistrados.
El debate oral y público comenzó en febrero de 2014, y abordó crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo de Mendoza en los que actuaron ex militares, ex policías, ex penitenciarios y ex magistrados -jueces, defensores y fiscales- del fuero federal de esa jurisdicción perpetrados contra más de 200 víctimas.
