El plan de desmantelamiento del Gobierno nacional convirtió al ex servicio de noticias Télam en la Agencia de Publicidad del Estado (APE) según oficializaron a través del Decreto 548/2024 publicado en el Boletín Oficial.
El cierre de Telam comenzó a principios de año, con la intervención de policías y la intervención de Diego Chaher, abogado de Daniel Vila y José Luis Manzano. En un segundo decreto, Javier Milei premió a Chaher con el cargo de secretario de Empresas y Sociedades del Estado, espacio que depende de la Jefatura de Gabinete.
Hasta ahora, ese cargo lo ocupó Mauricio Miguel González Botto, una persona que presentó su renuncia cuando echaron a Nicolás Posse.
Chaher se ganó el nombramiento haciendo todos los deberes de censura y desguace que le pidieron los libertarios. Una de sus últimas acciones como interventor en los medios fue el silenciamiento de las redes que acompañó los despidos. Antes de eso, había ordenado cerrar las corresponsalías, entre ellas la de Mendoza.
Según el comunicado de cierre de Télam, la agencia dejará de funcionar “tal como ha sido creado originalmente, en las actividades de servicios periodísticos y como Agencia de Noticias”, y sufrirá modificaciones para “alinear sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad” como Agencia de Publicidad y Propaganda.
Según l gobierno de Milei, el “concentrando los recursos" de esta ‘nueva’ empresa “ofrece mayores oportunidades de crecimiento y rentabilidad a largo plazo” dentro de la economía del país.
“La Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.) tendrá por objeto operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, entendiendo en la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio de la República Argentina como en el exterior, en su carácter de Agencia de Publicidad”, cita el texto oficial.
Por el momento, el Gobierno considera pasar al personal, que está interesado en seguir trabajando para el Estado, a Radio y Televisión Argentina (RTA); en total serían unos 150 empleados los que podrían continuar bajo la órbita de medios públicos mientras que 350, aproximadamente, quedaron desafectados debido a que aceptaron el retiro voluntario.
