La mecha se encendió con un despido. El licenciado en enfermería César Castillo, referente técnico en hemodiálisis con más de 30 años de trayectoria, fue desafectado por el Gobierno de Mendoza luego de participar en una protesta contra la precarización laboral en el Hospital Central. El Estado provincial le notificó su despido por "no adaptarse a las nuevas normativas del servicio", enviando un escribano y un policía a su domicilio. No hubo audiencia previa ni instancia administrativa.
Castillo no solo era un formador de colegas y un profesional muy querido por pacientes y compañeros. Era también uno de los rostros que canalizó el descontento durante las jornadas de paro de la semana anterior. El castigo se extendió: trabajadores de terapia intensiva denunciaron que, tras la protesta, recibieron bajas calificaciones en sus planillas de trabajo.
Estos hechos y el despido de Castillo forman parte de una política que se extiende en la forma de ejercer poder por parte del cornejismo: la persecución a la protesta en cualquiera de sus formas y por los motivos que sean que impliquen un cuestionamiento a los planes del oficialismo.
Apoyo gremial y judicialización
Tras la noticia del despido de Castillo, gremios del sector sanitario anunciaron nuevas medidas de fuerza. Advirtieron que acudirán a la Justicia si el gobierno de Alfredo Cornejo no reincorpora al trabajador.
a figura de Castillo adquirió carácter simbólico: es el testigo de una forma de gestionar lo público en Mendoza, donde más de 3 mil prestadores trabajan bajo contratos basura o como monotributistas, sin estabilidad ni derechos laborales plenos. Un esquema que, para los sindicatos, no es excepción sino regla.
“César somos todos”: la salud toma la calle
La Asamblea de Autoconvocados del Hospital Central convocó a una vigilia en defensa de Castillo el martes 22 de julio. El acto, previsto en la explanada del hospital, busca visibilizar el impacto del despido en el clima institucional, pero también el deterioro de la salud pública. “Defender a César es defender la salud”, expresaron en un comunicado. La consigna central —“César somos todos”— condensa el descontento extendido y el temor de que hablar siga siendo sinónimo de sanción.
“No nos van a callar”, afirman los trabajadores, que redoblan sus reclamos. Denuncian que la vocación ha sido históricamente usada para justificar la explotación.
