En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el movimiento Ni Una Menos Mendoza volvió a las calles con una masiva marcha en las calles y un documento de cierre que denuncia la persecución política y la criminalización de la protesta en la provincia. La crónica de esta jornada se inscribe en un contexto de ajuste, represión y conflictos ambientales que atraviesan a los mendocinos. La marcha, además, se dio en la víspera de la discusión en Diputados del Proyecto San Jorge.
En Mendoza confluyeron la batalla por el agua con la lucha contra los femicidios detrás de una misma bandera
“Levantar la voz en defensa de nuestros derechos y por nuestras compañeras, no puede ser delito!”, afirma el texto leído en la movilización. La consigna resume el espíritu de una denuncia que apunta directamente contra las autoridades provinciales y nacionales, a quienes responsabilizan de instalar un clima de persecución hacia opositores, sindicalistas y defensoras del agua.
El documento final de este 25N señala que “pretenden aleccionar a quienes luchamos, con persecución y represión para asegurar su impunidad para saquear, ajustar, robar a jubiladas y jubilados, entregar nuestros bienes comunes naturales, negar a pueblos completos y sus territorios”. La acusación no se limita a la violencia de género, sino que se extiende a la represión de las luchas sociales y ambientales.
Hostigamiento y criminalización
La organización denuncia que “frente a la violencia política e institucional de (Javier) Milei y (Alfredo) Cornejo, (la ministra Mercedes) Rus y (el comisario Mario) Riili contra mujeres, diversidades respondemos con organización y lucha”. En particular, se apunta contra el comisario Riili, “responsable de la represión en las últimas marchas de nuestra Provincia en defensa del agua, y del hostigamiento sistemático que estamos sufriendo desde el Ni Una Menos Mendoza por parte de personal de seguridad no identificado, en cada una de nuestras asambleas”.
La referencia a las marchas por el agua conecta la lucha feminista con la defensa ambiental. En Mendoza, la resistencia contra la minería metalífera ha sido un eje central desde la movilización de 2019, cuando la sociedad mendocina rechazó la reforma de la Ley 7722. El documento recuerda: “Les recordamos a nuestros legisladores y legisladoras de todos los partidos, que en el 2019 el pueblo mendocino les dijo que NO !!!!”.
Nombres propios de la persecución
La crónica se detiene en las personas perseguidas: “Exigimos el fin de la persecución a todas las luchadoras populares, entre las que se encuentran Lorena Torres, Jimena Báez, Micaela Guiñazú, Raquel Blas, Nora Moyano y Liza Rule en la provincia de Mendoza y de Milagro Sala y la ex presidenta Cristina Kirchner”. La enumeración busca visibilizar que la criminalización no es abstracta, sino que tiene rostros y trayectorias concretas.
La organización advierte que “persisten en la estrategia de instalar un discurso donde la lucha por la memoria, la verdad y la justicia son cosas del pasado, y nombran a militares pro dictadura en sus ministerios”. La denuncia conecta la represión actual con una genealogía de violencia institucional que remite a la dictadura.
Agua y territorio
El eje ambiental atraviesa toda la crónica. “¡Vienen por el suelo, por el agua y por nuestros bienes comunes! En toda América, nos levantamos contra el extractivismo y la violencia que solo deja desolación y miseria para nuestros pueblos!”, se lee en el documento. La defensa del agua se convierte en un símbolo de resistencia frente a lo que llaman “proyectos mineros, mintiéndole al pueblo con los supuestos puestos de trabajo que genera”.
La consigna es clara: “Ni nuestros cuerpos ni nuestros territorios son zonas de sacrificio”. La idea de “cuerpo-territorio” articula la violencia patriarcal con la violencia extractivista, mostrando que ambas son formas de dominación que se ejercen sobre espacios vitales.
El Estado es responsable
La crónica concluye con una acusación directa: “Seguimos gritando que el Estado es responsable, responsable de garantizar nuestros derechos, responsable de invertir en políticas para nuestros cuidados, responsable de que podamos vivir una vida libre de violencias y desarrollarnos de manera igualitaria y democrática”. La frase sintetiza la denuncia contra un sistema que, según el movimiento, reproduce la violencia en lugar de prevenirla.
En las calles de Mendoza, las voces se multiplican. “No serán ellos quienes nos encierren nuevamente y callen nuestra voz”, advierten las manifestantes. La crónica de este 25N deja en claro que la protesta social, lejos de apagarse bajo la persecución, se fortalece en la memoria de las luchas pasadas y en la defensa del agua como bien común.