Una vez conocida la decisión de Leonel Gómez Barbella de pedir la indagatoria de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre por la compra de Papel Prensa, los abogados de los accionistas de Clarín y La Nación difundieron un comunicado en el que aseguran que el Gobierno en los últimos días "preparó el terreno" para el pedido de indagatoria a través "del aparato de comunicación oficial".
Consideraron que Gómez Barbella es un fiscal "afín al oficiliasmo" y que "hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa". Asimismo, indicaron que el expediente "acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla".
Advirtieron además que "la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan".
El escrito, firmado por Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo, señaló que "no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad", ya que, sostuvieron, "se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales".
