En una maniobra judicial relámpago, el gobierno de Javier Milei obtuvo este lunes un fallo que prohíbe la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, supuestamente grabados de forma ilegal en la Casa Rosada. La resolución fue dictada por el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó el “cese inmediato” de su publicación en medios, redes sociales y plataformas digitales.
“La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, celebró el vocero presidencial Manuel Adorni, al difundir el fallo que limita expresamente la circulación de audios grabados en la sede del Ejecutivo nacional.
Lo llamativo del dictamen es que el magistrado admite no conocer el contenido de los audios, pero sostiene que su eventual difusión “configura un daño de difícil o imposible reparación ulterior”, por lo que la libertad de expresión “debe ceder” ante ese riesgo hipotético. El argumento fue calificado como “censura previa” por referentes opositores y especialistas en derecho constitucional.
Denuncia penal y pedidos de allanamiento
Antes del fallo civil, el gobierno había presentado una denuncia penal por presunta violación de la Ley de Inteligencia, en la que solicitó medidas cautelares, allanamientos y secuestro de equipos en medios y domicilios particulares. La presentación recayó en el juzgado federal N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, quien aún no resolvió sobre los pedidos.
Entre los objetivos del Ejecutivo figuran el canal de streaming Carnaval —donde se difundieron los audios— y los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, el abogado Franco Bindi y el empresario Pablo Toviggino. El gobierno pidió incautar servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups y documentación vinculada a la difusión del material.
También solicitó que se prohíba la divulgación de nuevos registros, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia, y que se requiera colaboración activa a medios, organismos y prestadores digitales para hacer efectiva la censura.
Avance sobre las fuentes periodísticas
La ofensiva oficial se alinea con el planteo de la legisladora Florencia Arietto, quien propuso citar a los periodistas para que revelen sus fuentes. La iniciativa desconoce el artículo 43 de la Constitución Nacional, que garantiza la protección de las fuentes informativas como resguardo esencial de la libertad de prensa.
La medida judicial y la denuncia penal se inscriben en un clima de creciente tensión institucional, donde el Ejecutivo acusa una “operación de inteligencia ilegal” para desestabilizar al gobierno en plena campaña electoral. Sin embargo, la falta de pruebas sobre el contenido y origen de los audios, sumada a la rapidez del fallo, despierta fuertes cuestionamientos sobre el uso de la Justicia para silenciar voces críticas.
