Empezó este lunes en Chubut el juicio contra el productor ganadero Ricardo La Regina, acusado de matar a más de un centenar de Pingüinos en la reserva Punta Tombo a fines de 2021.El tío del acusado declaró en su contra.
Según informes de la investigación, La Regina instaló un alambrado eléctrico y usó una retroexcavadora para abrir un camino rural en el terreno. Como consecuencia murieron 105 pingüinos y se destruyeron unos 175 nidos. Es la primera vez que en Argentina se llega a un juicio oral donde se juzgan en conjunto los delitos de daño ambiental y crueldad animal.
La Regina enfrentó los cargos en su contra por los delitos de "daño agravado" y "crueldad animal" por la masacre en Punta Tombo -Punta Clara.
La Fiscalía, representada por Florencia Gómez, se opuso al ofrecimiento por parte del abogado defensor, Federico Ruffa, propuso el instituto de la suspensión de juicio a prueba, ofreció 500 hectáreas, lo que produjo que el Tribunal tras un cuarto intermedio resolviera no hacer lugar y dar inicio al debate.
Este juicio, que se desarrollará en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia del Chubut, se extenderá por al menos una semana y media y contará con la participación de aproximadamente 60 testigos que presentarán su testimonio tanto de manera presencial como a través de teleconferencias.
Impacto en la reserva
Los cargos en contra de La Regina se derivan de la construcción de un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción. Además, se le imputa la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que habría afectado el entorno de los Pingüinos una de las especies protegidas, considerada de importancia natural.
Durante el juicio, se espera que se presenten diversas pruebas, incluyendo documentación y material visual, con un cronograma de presentaciones que abarcará las mañanas y tardes de las sesiones, intercaladas con un descanso de dos horas al mediodía. Asimismo, está contemplada una visita al establecimiento rural para que el tribunal y las partes intervinientes puedan observar in situ el lugar donde se habrían producido los presuntos delitos.
Durante el inicio de la primera jornada del debate, el defensor del imputado, Federico Ruffa, realizó un planteo previo, con el objetivo de llegar a un acuerdo y evitar el debate y la resolución de culpabilidad o inocencia por parte del Tribunal.
Utilizó, para ello, la figura de “suspensión de juicio a prueba. Dijo que “hay una gran cantidad de falsedades que se han dicho sobre los hechos. Lamentablemente, nunca pudimos conformar una mesa de acuerdo con los acusadores”. Destacó que este acuerdo “no significa reconocer los hechos, pero sí tiene que ver con el objetivo de evitar el tormento al que es sometido el señor Ricardo La Regina en un proceso penal durante tanto tiempo”.
Ruffa continúo con los cuestionamientos, dijo que “nunca se debió llevar a esta instancia el caso. Además, cuestiono la escala penal escogida por los acusadores porque los delitos que se endilgan nunca pueden llevar a una prisión efectiva. Por eso la suspensión de juicio a prueba es una solución. Esta reparación que ofrecemos tiene el objetivo de la pacificación, solucionar el conflicto y evitar la violencia del Estado contra una persona. Además, debemos tener en cuenta el alto impacto mediático del caso”.
Posteriormente, se generó un nuevo debate respecto de los alcances del uso de la palabra y el derecho que tiene el imputado de expresarse ante el Tribunal. La declaración de La Regina debió ser muy escueta al no permitírsele dar detalles de toda la trama familiar que existe detrás de la denuncia. Solo se refirió a la propuesta reparatoria: la donación de 500 hectáreas al Estado para que termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara. “No existe un plan de manejo claro sobre los límites de explotación ganadera, en compatibilidad con el manejo de los pingüinos. En todos estos años lo planteé siempre. Pero nunca tuve respuestas”, destacó. Ruffa dijo también que “la defensa del medio ambiente no debe llevarse puesto los derechos de un ciudadano. La acusación habla de daño y maltrato animal. No habla de afectación del medio ambiente”.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
