Las comunidades de pueblos originarios Huarpes Guaytamari y Llahue Xumec, asentadas en Uspallata y la Cuenca del Río Mendoza hicieron público el resultado del procedimiento de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) para el proyecto “PSJ Cobre Mendocino”, concluyendo en una negativa rotunda. En un extenso comunicado, fundamentaron su decisión en numerosas irregularidades que, a su juicio, invalidan el proceso de consulta establecido por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.
Proceso viciado de origen
Las comunidades destacaron el intento de diálogo intercultural, pero fueron contundentes al señalar que el procedimiento “no ha sido libre, porque el proponente quiso persuadirnos con supuestos beneficios económicos y el concedente nos apuró en todo momento con los tiempos, sin respetar las fechas previamente acordadas”.
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Asimismo, afirmaron que no fue previo, ya que se inició tras 17 años de la llegada de la minera, cuando “ya estaba avanzado el Estudio de Impacto Ambiental y en el medio enviaron la Declaración de Impacto Ambiental aprobada para la ratificación legislativa”.
La falta de información fue otro pilar de su rechazo. Denunciaron que se les entregó “un resumen del Informe de Impacto Ambiental, bastante escueto y sin información fundamental para nuestro necesario análisis desde nuestra perspectiva ancestral”, lo que les complicó acceder a la información pública debido a las “dificultades y limitaciones que tenemos para el acceso y uso de internet”.
impacto ambiental y social
El comunicado es categórico al alertar sobre los riesgos para el patrimonio cultural y natural. Declaran que “PSJ es incompatible con el Itinerario Cultural del Ohapaq Ñan”, ya que “la envergadura de la explotación afectará significativamente la cuenca visual del Camino Ancestral Andino, perdiéndose para siempre el patrimonio cultural intangible de valor universal”. Esta afectación, advierten, “pone en serio riesgo la categorización universal otorgada por la UNESCO a este patrimonio excepcional”.
En cuanto al agua, rechazan “el relato falaz de la empresa, avalado por el gobierno, respecto de que PSJ se ubicaría en una cuenca cerrada”. Alegan que el informe del Dr. José María Cortés (UBA-CONICET) “demuestra todo lo contrario y que **no existen barreras de ningún tipo para el escurrimiento del agua superficial o subterránea desde la mina San Jorge a Uspallata y el Río Mendoza”.
Las críticas se extienden a la línea de base ambiental, que califican de “escasa e incompleta, con datos insuficientes” sobre flora, fauna e hidrología. Señalan, por ejemplo, que “no hay un monitoreo continuo y sistemático del Arroyo del Tigre, con lo cual no se puede saber si realmente el agua les va a alcanzar”. Tampoco hay, según el documento, “ningún estudio fitosociológico de la ecología del lugar ni inventario de biodiversidad”, por lo que no se ha determinado el daño potencial al “sumidero de carbono, a la biomasa actualmente existente y al banco de germoplasma”.
Adicionalmente, acusan al proyecto de violar la Ley Provincial 6599 de Monumentos Naturales, ya que en la zona habitan especies protegidas como “el guanaco, el choique y el cóndor, así como el gato andino”.
Coacción a las voces disidentes
Uno de los señalamientos más graves del documento se refiere a la dinámica entre la empresa y el gobierno. Las comunidades han notado que “tanto en este procedimiento de CLPI, como en todo el proceso de EIA, se fue evidenciando una fusión entre los roles el proponente y el concedente, conformándose entre ambos una suerte de unidad ejecutora del proyecto”. Esta alianza, sostienen, “no sólo ha invalidado las opiniones técnicas en contra, sino que ha coaccionado y ejercido coerción contra las voces disidentes, con prácticas antidemocráticas, como la persecución, la censura, la represión y el encarcelamiento”, en una “comunidad que evidentemente no está otorgando la licencia social”.
Rechazo y propuesta alternativa
Tras esta extensa argumentación, la conclusión de las comunidades es inequívoca: “nuestro Consentimiento Libre, Previo e Informado al proyecto ‘PSJ Cobre Mendocino’ es NEGATIVO”.
Como alternativa al emprendimiento minero, las comunidades solicitaron “a las autoridades del Gobierno de Mendoza y la Legislatura Provincial, el rechazo al proyecto ‘PSJ Cobre Mendocino’ y la sanción del proyecto de ley para la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas (expediente legislativo 65858-2014-D)”.
Finalizaron advirtiendo que, si su consentimiento negativo y vinculante no es respetado, “accionaremos mediante todas las instancias administrativas y/o jurídicas, provinciales, nacionales y especialmente internacionales, para hacer valer nuestros derechos”. Asimismo, reiteraron el pedido al gobierno provincial para elaborar de manera conjunta un protocolo de CLPI que reemplace al actual, aprobado por Resolución 130, que, según alegan, fue sancionado sin participación indígena.
El agua como eje de disputa
Las comunidades refutaron el relato oficial que ubica al proyecto en una “cuenca cerrada”. Citaron estudios de José María Cortés (UBA-CONICET) que demuestran la conexión directa con el Río Mendoza y el Valle de Uspallata, alertando sobre riesgos de contaminación y escurrimiento.
Riesgos ambientales y biodiversidad
El comunicado denuncia el uso de sustancias tóxicas y la falta de una línea de base ambiental completa. Señalan la ausencia de monitoreo sistemático y estudios de biodiversidad, además de la violación de la Ley Provincial 6599 de Monumentos Naturales, que protege especies como el guanaco, el choique, el cóndor y el gato andino.
Impacto social y prácticas antidemocráticas
Las comunidades remarcan la crisis social que vive Uspallata desde hace 17 años por la imposición del proyecto. Alertan sobre posibles consecuencias sociales —delincuencia, trata, prostitución, narcotráfico— y denuncian prácticas antidemocráticas: censura, persecución y represión contra voces disidentes.
