El gobierno de Catamarca quedó sin potestad para autorizar nuevas etapas del proyecto minero MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en Andalgalá. La decisión surge de una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que puso al Estado argentino en el centro de un reclamo internacional por violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los vecinos que se oponen al emprendimiento extractivo.
La novedad judicial se difundió poco antes de la reunión de la Mesa del Cobre en Mendoza, donde el gobernador Raúl Jalil (PJ) celebró con sus pares Alfredo Cornejo, Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (Sn Juan) la iniciativa presidencial de habilitar la minería en ambientes periglaciares,
La medida marca un giro: los pobladores ya no litigan contra el gobierno provincial, sino directamente contra Cancillería de la Nación, en un proceso que internacionaliza una disputa que lleva más de 15 años, indicó la Agencia Tierra Viva.
Un conflicto que trasciende fronteras
La abogada Mariana Katz, representante de la Asamblea El Algarrobo, explicó a la citada agencia que la provincia “pierde la posibilidad de decidir sobre Agua Rica” porque cualquier acción tendrá repercusión internacional y recaerá en la responsabilidad del Estado argentino.
La CIDH, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integra el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, cuyas disposiciones tienen rango constitucional en Argentina. Por ello, el país está obligado a responder ante el organismo.
La coincidencia política: Jalil en Mendoza, la CIDH en Washington
La resolución de la CIDH se conoció en simultáneo a la visita del gobernador Raúl Jalil a Mendoza, donde participó de la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025, realizada en la Bolsa de Comercio mendocina.
Con Alfredo Cornejo como anfitrión, los gobernadores de San Juan, Jujuy y La Rioja celebraron el anuncio del presidente Javier Milei sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que busca transferir a las provincias la potestad de definir los ambientes periglaciares. La iniciativa, atribuida a Cornejo, fue recibida como un gesto de “seguridad jurídica” para los inversores.
En ese escenario, Jalil habló de un “desafío” en los próximos cambios, Marcelo Orrego (San Juan) destacó la posibilidad de un acuerdo federal refrendado por el Congreso, y Carlos Sadir (Jujuy) insistió en la necesidad de atraer capitales.
La simultaneidad de ambos hechos expone la tensión entre dos agendas: mientras la CIDH cuestiona al Estado argentino por violaciones de derechos humanos en Andalgalá, la dirigencia política celebra reformas que buscan ampliar el margen de acción de las provincias en materia minera.
El camino judicial: de la espera al reclamo internacional
La demanda internacional inicia ahora la etapa de admisibilidad. Cancillería deberá reunir antecedentes de fiscalías y juzgados para elaborar su estrategia. Si la CIDH admite el caso y detecta violaciones a derechos consagrados en tratados internacionales, podrá exigir medidas de reparación. En caso de incumplimiento, la causa pasará a la Corte Interamericana, con un juicio internacional y sentencia.
El proceso se abrió tras años de silencio judicial. Desde el amparo colectivo presentado en 2010, los vecinos enfrentaron negación de justicia, persecución y violencia institucional: más de 100 personas judicializadas y más de 200 víctimas registradas en el conflicto.
Memoria de una resistencia
La oposición a Agua Rica tiene raíces profundas. En los años 70, una revuelta popular frenó el proyecto “Mi Vida”. En 2009, el gobierno provincial volvió a autorizar la explotación, desatando nuevas movilizaciones. La Asamblea El Algarrobo denunció irregularidades, audiencias públicas exprés y resoluciones que habilitaron maquinaria y exploración avanzada, interpretadas como permisos encubiertos.
Incluso la Corte Suprema, que en 2016 falló a favor de los vecinos, vio su decisión burlada por la empresa al cambiar el nombre del proyecto. La persistencia de la comunidad se expresó tanto en tribunales como en las calles, con caminatas semanales que ya superan las 800.
“Queremos conservar lo que somos”
Para Sergio Martínez, integrante de la Asamblea, la lucha se sostiene en la esperanza y el amor por el territorio: “Queremos seguir viviendo en nuestro pueblo, conservar la biodiversidad y nuestra identidad cultural. Que nuestros hijos y nietos puedan vivir en este pedacito del mundo igual a como nosotros lo recibimos”.
La causa de Andalgalá, que combina resistencia popular y litigio internacional, expone las tensiones entre extractivismo, derechos humanos y justicia ambiental. Hoy, el reclamo local se transformó en un caso testigo ante la CIDH, mientras la política minera nacional avanza con reformas que buscan ampliar la frontera extractiva.
