En pleno plan para imponer la megaminería, Alfredo Cornejo anunció que su Gobierno relevara a las comunidades originaras que vivan en Mendoza y decidirá su reconocimiento.
Fue tras firmar un convenio con Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para implementar -en el marco del Código de Procedimiento Minero- la "consulta previa" a los pueblos originarios, aunque el desarrollo de los proyectos mineros ya están en marcha.
Avruj también fe recibido por la vicegobernadora, Hebe Casado. Tanto Cornejo como Casado protagonizan desde hace varios años el ataque propagandístico a comunidades mapuches, con fuerte apoyo de medios masivos de comunicación.
A principio de año, a través de tres resoluciones Avruj, revocó el reconocimiento de la ocupación “actual, tradicional y pública” de dos comunidades pertenecientes al pueblo Mapuche en el sur mendocino. Se trata del LOF El Sosneado, en San Rafael, y el LOF Suyai Levfv, en Malargüe.
Al mismo tiempo, ordenó un nuevo relevamiento que incluya el punto de vista del gobierno Provincial y de los municipios donde estén los territorios en disputa. Precisamente, se trata de tierras codiciadas por empresarios mineros y del turismo llamado de "alta gama".
En ese marco se inscribe el convenio que firmaron días atrás Avruj y el Gobierno de Mendoza, que en los últimos años hizo gala de la persecución contra comunidades asentadas en el sur de la provincia.
Por impulso del cornejismo, por ejemplo, la Legislatura impuso una resolución que negaba la preexistencia de los mapuches. Repudió también que la Nación haya cumplido, a través del Decreto nacional 805/21, la Ley de Emergencia Territorial que releva comunidades originarias.
El convenio que firmaron en Mendoza
Avruj y funcionarios de Minería firmaron un convenio para poner en marcha un protocolo qe, reza la propaganda oficial, "garantiza los derechos de las comunidades indígenas en la implementación de los proyectos mineros".
Los voceros del oficialismo indicaron que "se incorpora en el marco del Código de Procedimiento Minero, que exige buenas prácticas, responsabilidad social y vinculación comunitaria en materia minera".
Para Gabriel Jofré, referente de pueblos originarios agrupados en Malalweche, se trata de "una puesta en escena más", según resumió ante la consulta de EXPLÍÇITO.
Jofré indicó que "lo que firmaron estaba vigente, ratificaron el convenio firmado de 2009 Siempre participó la Provincia incumpliendo su responsabilidad pública. Mienten, destilan odio y racismo".
El Convenio N°169 de la OIT establece las etapas, criterios, principios rectores y requisitos procedimentales que deben observarse durante los procesos de consulta a las comunidades indígenas potencialmente afectadas por proyectos de exploración minera.
Sin embargo, el Ejecutivo no los cumplió e hizo avanzar Malargüe Distrito Minero Occidental, un extenso territorio que incluye lugares de pastoreo y de vivienda de varias comunidades apuches,
Ahora, el Ejecutivo dice que el artículo 54 del Código de Procedimiento Minero de Mendoza (Ley N° 9529 de 2024) establece que, "ante la identificación de comunidades originarias con personería jurídica reconocida por la Provincia de Mendoza, emplazadas en el área del proyecto de interés exploratorio, deberá activarse un Protocolo de Consulta Previa, conforme a la legislación provincial y nacional vigente".
La resolución que aprueba el protocolo establece que la consulta deberá activarse en todos aquellos proyectos donde se identifiquen comunidades originarias con personería jurídica reconocida por la Provincia. "El procedimiento contempla principios fundamentales, como la libertad de decisión, la información adecuada y comprensible, y el respeto cultural, además de asegurar instancias de participación efectiva, plazos razonables, mecanismos de registro y seguimiento de acuerdos", señaló el oficialismo.
