El Senado convirtió en ley un convenio que marca un quiebre en la relación entre Nación y Provincia en materia de infraestructura vial: el gobierno de Alfredo Cornejo asumirá con fondos propios la ejecución y el mantenimiento de tramos estratégicos de rutas nacionales abandonados por la gestión de Javier Milei, en su plan de feroz ajuste a las provincias para fraguar superávit fiscal.
El proyecto, que ya contaba con media sanción de Diputados, ratifica el Decreto 1165 y formaliza el acuerdo entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ejecutivo mendocino. La medida impactará sobre más de 210 kilómetros de rutas clave, entre ellas la Ruta Nacional 7 entre Palmira y Costanera, varios tramos de la 40 en el Gran Mendoza y un largo segmento de la 143 entre Pareditas y San Rafael.
Una respuesta local al ajuste nacional
El oficialismo defendió el convenio como una acción “urgente y necesaria” ante el abandono del Estado nacional. “No podemos seguir hipotecando el desarrollo provincial esperando promesas que no llegan”, justificó el senador Walther Marcolini. La senadora Natacha Eisenchlas fue más tajante: recordó que casi el 30 % de los accidentes fatales se producen en rutas nacionales y señaló que otras provincias también están financiando con recursos propios obras que el gobierno nacional paralizó.
Críticas al endeudamiento provincial
Desde la oposición, el senador del Partido Verde, Dugar Chappel, consideró que el acuerdo “convalida la retirada del Estado nacional” y genera una carga económica innecesaria para las arcas provinciales. El PRO se abstuvo, cuestionando la falta de precisión sobre los mecanismos de financiamiento. El PJ acompañó parcialmente, reconociendo la urgencia pero advirtiendo sobre los riesgos de sentar precedentes en el reparto de responsabilidades federales.
Mendoza financiará las obras... y habrá peajes
El acuerdo establece que será la Provincia quien ejecute las obras, ya sea por administración directa o mediante licitaciones. No habrá reembolsos nacionales, y Mendoza deberá afrontar también los costos de mantenimiento. El texto abre la posibilidad de establecer un sistema de concesión por peaje como estrategia de sostenibilidad, aunque esto solo podría instrumentarse una vez terminados los trabajos.
Con vigencia de tres años y posible prórroga, el convenio se inscribe en un contexto nacional marcado por la poda de partidas, el freno a la obra pública y la priorización del equilibrio fiscal como bandera de gestión. Mientras tanto, Cornejo apuesta a garantizar la conectividad, reducir la siniestralidad vial y mantener en pie el desarrollo productivo de Mendoza, aún a costa de un esfuerzo presupuestario extra.
