Luego de quince años de instrucción y un año de juicio, dos exdirectivos de Ford fueron condenados este martes a 12 y 10 años de prisión respectivamente por ser partícipes necesarios en la privación ilegal de la libertad y tormentos a obreros de la fábrica durante la dictadura argentina (1976-1983). Se trata del primer juicio en el país contra exdirectivos de una multinacional por delitos vinculados con la dictadura, calificados como de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles.
E Tribunal Oral en lo Criminal de San Martín, condenó a 12 años de cárcel al exjefe de seguridad de Ford, Héctor Sibilla y a 10 años a Pedro Müller, exgerente de manufactura de la automotriz. También fue condenado Santiago Riveros, ex titular de Institutos Militares del Ejército, a 15 años.
Los jerarcas de Ford fueron sentenciados por ser “partícipes necesarios en la privación ilegal de la libertad agravada por uso de violencia y amenaza, tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos”. En el caso de Sibilla, además presenció una sesión de torturas.
Ambos cumplen por ahora prisión domiciliaria, pero cuando quede firme la condena tras las apelaciones, deberán cumplirla en cárcel del servicio penitenciario federal, aclaró el fallo que fue recibido con aplausos y llantos de sobrevivientes y familiares.
En la misma sentencia, fue condenado a 15 años de prisión el exgeneral Santiago Riveros, quien dirigió el centro de detención clandestino Campo de Mayo, al norte de Buenos Aires y cerca de la sede de la fábrica.
El militar que cumple prisión por otras condenas por violaciones a los derechos humanos en la dictadura fue considerado coautor de allanamiento ilegal de vivienda y de privación ilegal de la libertad.
Empresarios y militares en tándem
La causa Ford -como se conoce a ese sistema de complicidad entre empresarios, personal jerárquico de la empresa, gobierno militar y miembros del Ejército-, mostró la participación que tuvieron los civiles en los secuestros y torturas contra obreros de la planta que la multinacional tiene en General Pacheco.
Un día después del golpe de Estado, ocurrió un hecho clave: la reunión de los directivos de la empresa con la comisión interna. Ese día se les anunció a los trabajadores “por momentos en tono jocoso y por otros violento”, que a partir de ese instante ya no sería reconocido este organismo. Uno de los delegados le preguntó al directivo por qué se interrumpía la relación sindical con la empresa, a lo que el gerente de relaciones industriales, Guillermo Galarraga, respondió que “la empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar”. El mismo personaje dijo: “Amoroso, déle saludos a Camps”. Como el delegado no sabía quién era, el gerente cerró con “Ya se va a enterar”.
Galarraga estaba imputado en esta causa que comenzó su instrucción en 2002. A él, Müller y Sibilla se les atribuye permitir la instalación de un centro clandestino en la fábrica y señalar a los trabajadores que debían ser secuestrados y torturados. Este juicio, que comenzó en diciembre de 2017, debía hacerlo antes, en julio de 2014, pero por los planteos dilatorios de las defensas, se postergó al 14 de marzo de 2017, que tampoco comenzó. Durante ese lapso falleció Galarraga.
El 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son empresarios. La dictadura fue la oportunidad que vieron algunos directivos de empresas para resolver de manera represiva los conflictos laborales y aumentar sus ganancias. Pusieron a disposición de los militares recursos materiales, como autos e instalaciones, dieron listas de personas, y de esa forma pasaron a ser un eslabón más en la estructura del terrorismo de Estado.
Fuente: AFP/CELS
