Se decidió luego de revelada la operación contra Carlos Böhm, quien integra la sala que tenía que decidir si los periodistas deben cobrar lo que indica la ley y resisten los holding más poderosos.
La Suprema Corte de Mendoza decidió tratar con su conformación en pleno una causa del ámbito laboral -en principio iba a actuar en exclusiva la sala de ese fuero solamente- que involucra a las empresas de medios de la Provincia. Además, antes de resolver organizará una audiencia pública para explicitar el caso. El periodista Rodrigo Sepúlveda informó en el programa El Candil, de Radio Nacional, sobre la salida que eligió la Corte para una situación que ha generado una crisis institucional de proporciones no mensuradas en los espacios controlados por los cinco grandes grupos que concentran la propiedad de los medios privados de la provincia.
Estas medidas buscan blindar a los jueces contra los aprietes de las empresas involucradas: las dueñas de los medios, en algunos casos, dueñas de los servicios y la obra pública de Mendoza. Los ministros de la Corte salieron con esta decisión institucional en defensa del integrante del Tribunal, Carlos Böhm, quien fue denunciado con una excusa jurídica en el marco de una operación empresarial para sacarlo del medio ante la inminencia de su fallo en una causa que definirá la constitucionalidad del Convenio Colectivo de Trabajo de los periodistas.
Böhm ya se expresó en otra sentencia a favor de la plena vigencia del convenio, que establece en su artículo 58 la escala salarial de los trabajadores de Prensa. En limpio, si las empresas de medios tienen que cumplir con el convenio los periodistas que se inician cobrarían $7.200 de salario mínimo con una escala ascendente atada al Salario Mínimo Vital y Móvil. Si se establece la constitucionalidad del Convenio de Prensa, además, los medios deberán pagar centenares de demandas de sus trabajadores por los últimos dos años de incumplimiento de una ley.
La causa en cuestión es la que enfrenta a Florencia Mariana Silva contra el Diario Los Andes y si bien la resolución judicial es para ese caso particular, será referencia para una cantidad de demandas de periodistas en marcha y todas las que se generarían a sabiendas de la jurisprudencia. Y también establecería el sueldo mínimo de $7.200 para los trabajadores de prensa, unos $3.000 por encima de lo que han establecido las empresas montando un sistema oligopólico.
A Böhm le pidieron el juicio político el senador Gustavo Valls, referente de Sergio Massa en Mendoza, y la diputada Patricia Gutiérrez, sin partido y con mandato hasta abril de este año. La repercusión de la presentación de los legisladores fue estruendosa en los medios de los grupos, que disputan mucho más poder y dinero del que representan las audiencias de noticias y entretenimientos en Mendoza que monetizan los medios. Pero contra los trabajadores se cartelizaron los enemigos.
Y en ese cartel se cocinó la denuncia que asumieron luego Valls y Gutiérrez, quien fue beneficiada con el levantamiento de la proscripción que pesaba sobre su opinión en los medios del Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, porque la acusaban de lobbysta de un grupo competidor, el de los hermanos Terranova, dueños de Mdz en la web y la radio, además de la empresa insignia del holding, Publicidad Sarmiento. Böhm fue obligado a dejar el estudio de los argumentos del fallo en el caso que subleva a los empresarios mediáticos, pera defenderse del ataque que ejecutaron Valls y Gutiérrez por una presunta incompatibilidad entre dos actuaciones del juez.
La conformación de la Corte en pleno para tratar la causa contra Los Andes le quita el rol decisivo a Böhm sobre la sentencia final en la línea judicial de la Provincia, porque ahora serán los siete miembros del tribunal los que resolverán y no los tres de la sala Laboral que integra el denunciado con Hernán Salvini y Mario Adaro. La Corte, además, convocará a una audiencia pública para explicitar los detalles del caso que activó todos los mecanismos de presión que tienen al alcance los grupos mediáticos, en este caso con una particularidad: la unidad de criterios entre todos que evitó, como en el caso de otras operaciones desde el mismo sector, que tomara estado público.
En concreto, los empresarios sostienen que el Convenio Colectivo de los periodistas tiene implícita una cláusula indexatoria que es inconstitucional, tratando de emparentar la escala acordada en paritarias en 1975 y jamás vuelta a modificar en los términos que impone la ley, con las indexaciones en dólares o por inflación que gozaban sectores ajenos al mundo del trabajo y fueron declaradas violatorias de la Constitución una vez abortada la convertibilidad. Fallos judiciales y dictámenes técnicos del Ministerio de Trabajo de la Nación han descartado la postura empresarial en esta materia y la conclusión de la Corte provincial era inexorable hasta que se activó la operación contra Böhm.
"Que la Corte resuelva sus problemas antes de traerlos a la política"
Los ministros de la Corte tomaron la decisión de ampliar el tribunal para esta causa luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, blanqueara que hay intereses ocultos de los dueños de los medios detrás del juicio a Böhm.
"Hay algunas cuestiones que la Corte tiene que resolver y no queremos mezclar la política con algunas resoluciones judiciales que están hoy distorsionando un poco el tema de la denuncia presentada por el senador Valls", advirtió Tanús al ingresar la denuncia de los legisladores a la Casa de las Leyes.
Y luego describió que esas cuestiones están "vinculadas con los medios de comunicación principalmente. Hay alguna cuestión que se está resolviendo en el ámbito de la Corte vinculada con los medios de comunicación que está influyendo en una denuncia que no tiene nada que ver que es la que presentó Valls con Patricia Gutiérrez y entonces la Corte deberá resolver sus propios problemas antes de traerlos a la política".
"Ocho fallos de la Corte ya convalidaron el Convenio de Prensa"
El abogado laboralista Adfolfo Marengo, con gran experiencia en la defensa de periodistas y vinculado a la conducción del Sindicato de Prensa recientemente normalizada, indicó a Radio Nacional que "el hecho de que se pida el juicio político a Böhm de una manera muy publicitada por ciertos medios de comunicación preocupa al gremio de prensa ya que se teme la alteración de la composición del criterio de la corte”.
"Existen ocho fallos de la Corte que han confirmado la vigencia del convenio colectivo y el régimen salarial pero las empresas se resisten a aplicarlo”, le dijo el abogado al programa Línea Editorial.
