Tras una denuncia de la Municipalidad de Neuquén, el juez penal Diego Piedrabuena determinó que tres dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales (Si.Tra.Mu.Ne) deberán ir a juicio oral por cortar calles en septiembre de 2017.
La fiscalía había pedido sobreseer a los imputados -Santiago Baudino, Juan Castro y Víctor Beroisa- pero el juez no hizo lugar y reconoció al municipio como querellante y ahora deberá llevar adelante la acusación en lugar del Ministerio Público Fiscal (MPF).
"Esta situación no me preocupa, nos acusan de cortar una hora la calle. Lo que llama la atención es que pongan en marcha la justicia por esta situación y no por la toma de tierras del Rincón Club, que tendría que pagar 200 millones de pesos por esa usurpación. Esa doble vara. Claro los políticos mas importantes, los jueces viven ahí", indicó Baudino. Agregó que "ir a juicio no es ganar, el proceso ha tenido muchas falencias y nosotros nos vamos a defender".
A su turno, Jaier Pino, asesor legal de la comuna, consideró que “este hecho sienta un precedente y además la posibilidad de debatir ampliamente los hechos y la responsabilidad por los cortes de calles. Tiene que haber respeto, tolerancia, tanto de las mayorías a las minorías como de las minorías a las mayorías, la democracia se construye siempre en la paz, no destruyendo, rompiendo, amenazando, porque esas son conductas reñidas con la democracia y esto lo tiene en claro el intendente Horacio Quiroga y no lo va a dejar pasar”.
“El intendente tiene la fuerte convicción de garantizar los derechos de peticionar a las autoridades pero siempre en un marco de razonabilidad y de respeto de los derechos de las demás personas que no se tienen que ver perjudicadas y poder transitar libremente, llegar a su trabajo, tomar el colectivo, ir a la universidad, ir al hospital en los medios de transporte público”, precisó el abogado municipal.
Los cortes de calle por los cuales se hará un juicio ocurrieron el 8 y 9 de septiembre de 2017 en Avenida Argentina y Roca.
Pino recordó “el caos que se generó en el centro de la ciudad, los comerciantes de la zona tuvieron que cerrar negocios, las personas no podían subir a colectivos, taxis o remises”. Ante esta situación contó que “el intendente ordenó de manera inmediata efectuar la denuncia penal” en el marco del artículo 194 del Código Penal, de entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos.
Pero mencionó que después “la Unidad Fiscal a cargo del fiscal Pablo Vignaroli se bajó del barco en una conducta que entendemos contradictoria porque primero formuló cargos y después decidió pedir el sobreseimiento” a los imputados.
