Un proyecto de ley presentado por Alfredo Cornejo para modificar el Estatuto del Empleado Público (Ley 560/73) desató una fuerte reacción gremial y política. La iniciativa propone la creación de la figura del “personal interino”, excluyendo a miles de trabajadores estatales de derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la antigüedad y la defensa frente a sanciones. Según el artículo 4 bis del proyecto, el personal interino “no goza de estabilidad propia”, lo que habilita despidos sin causa, sin indemnización y sin derecho a reinstalación.
La degradación de los estatales es una constante del cornejismo, desde lo salarial al empeoramiento de las condiciones laborales
La reforma, lejos de regularizar a los miles de trabajadores precarizados que hoy cumplen funciones permanentes bajo contratos temporarios, locaciones de servicios o monotributo, consolida un sistema dual: unos pocos con estabilidad y miles como “interinos” sin derechos plenos.
El artículo 9 agrava la situación al establecer que quienes ingresen como interinos no tendrán reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios en el Estado. En hospitales y centros de salud de Mendoza, más de 2.000 trabajadores reconocidos por el Estado quedarían en esta situación.
Derechos constitucionales en disputa
La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, y la Constitución de Mendoza, en su artículo 30, garantizan la estabilidad en el empleo público como un derecho fundamental. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que esta estabilidad no solo protege el puesto de trabajo, sino también las condiciones en que se desarrolla, impidiendo modificaciones arbitrarias por parte de la administración.
Sin embargo, el proyecto oficial introduce cláusulas que vulneran estos principios. El artículo 50 establece que, aun si un despido es declarado nulo, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso. La redacción es explícita:
“No procederá el reconocimiento de salarios caídos, ni el pago de remuneraciones u otras asignaciones que no tengan su contrapartida en servicios efectivamente prestados.”
Además, el artículo 53 impide impugnar sanciones menores —como apercibimientos o suspensiones de hasta 15 días— salvo que se demuestre abuso de poder. Esta disposición elimina el derecho a defensa frente a sanciones que, acumuladas, pueden derivar en cesantías encubiertas.
La Legislatura en ebullición
La tensión estalló este martes en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde el asesor de Gobierno Ricardo Canet y el funcionario Javier Urrutigoyti intentaron defender el proyecto. Apelaron a fallos de la Suprema Corte y al argumento de “darle explicaciones a los que pagan los impuestos”, pero fueron enfrentados por referentes gremiales y legisladores opositores.
Ahora en Mendoza
Se debate en comisiones de la Legislatura el proyecto de Alfredo Cornejo para reformar el Estatuto del Empleado Público pic.twitter.com/3Ex4MGMDqa
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) August 26, 2025
Raquel Blas (Sitea), Claudia Iturbe (AMPROS) y Uma Flores (Autoconvocados del Central) cuestionaron la desprotección de miles de trabajadores de la salud que desde la pandemia trabajan con contratos precarios.
“Están creando una nueva planta. El Estado no convocó a concurso, se admitieron prestaciones, y ahora quieren pasar a todos estos trabajadores a una planta interina sin derechos”, denunció Blas. Iturbe agregó: “Ni siquiera los van a pasar a planta bajo esta modalidad porque tendrían que crear el cargo. Hablan fuera de la realidad”.
El líder de ATE, Roberto Macho, calificó el proyecto como “una reforma laboral inconstitucional” y anticipó que “así como está no pasa”. El intercambio con la legisladora Beatriz Martínez subió de tono y derivó en la interrupción de la comisión.
Fallos judiciales y argumentos cruzados
El diputado José Luis Ramón (Protectora) advirtió que el proyecto busca “legitimar por ley lo que viene ocurriendo con fallos de la Suprema Corte”, otorgando indemnizaciones sin sentencia judicial y sin reconocer la estabilidad del empleo público. “Están obviando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales. Lo provisorio se vuelve patrimonial, pero sin derechos”, señaló.
Urrutigoyti respondió que “las premisas de su razonamiento son falsas” y que “no es inconstitucional la solución”. Gabriela Lizana, por su parte, cuestionó el punto de los salarios caídos: “El empleado público no es la casta, es una persona que trabaja para la administración pública. Como legisladores tenemos que defender a los trabajadores”.
Indemnizaciones recortadas
El artículo 5 del proyecto modifica el régimen indemnizatorio previsto en el Estatuto. Actualmente, la indemnización por eliminación de dependencia se calcula con una escala que reconoce la antigüedad:
- 100% del último salario si tiene menos de 10 años,
- 150% si tiene entre 10 y 20 años,
- 200% si supera los 20 años.
La reforma elimina esta escala y fija el cálculo en el 100% del último salario para todos los casos, lo que representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.
Una reforma que divide
La iniciativa de Cornejo no solo reformula el Estatuto del Empleado Público: redefine el vínculo entre el Estado y sus trabajadores. En lugar de avanzar hacia la regularización de quienes sostienen servicios esenciales desde la precariedad, propone una figura que institucionaliza la inestabilidad y recorta derechos adquiridos.
La Legislatura se convirtió en escenario de una disputa que excede lo técnico y jurídico: se trata de una pulseada por el modelo de empleo público, por el reconocimiento de trayectorias laborales invisibilizadas y por el respeto a garantías constitucionales. La figura del interino, lejos de ser una solución, aparece como el síntoma de una reforma que, según gremios y especialistas, vulnera el corazón del derecho laboral estatal.
