Alfredo Cornejo avanzó con su plan para imponer la megaminería metalífera inventando un marco de legalidad que dio por tierra con normativas preexistentes -empezando por la Ley 7722- y el maquillaje de consenso social. Todo con un aceitado mecanismo de pauta publicitaria.
Así lo advierte un lapidario informe de Xumek -organización promotora de Derechos Humanos- que días atrás presentó su reporte anual.
Entre los temas analizados, la organización desmenuzó el proceso de aprobación de 34 proyectos de extracción de cobre bajo la denominación "Malargüe Distrito Minero Occidental" (MDMO), que evidenció el dominio de la Legislatura por parte del cornejismo, que logró sin problemas que se aprobaran las leyes que necesitaban los empresarios mineros.
El capítulo 8, titulado "Nos quieren minera pero Mendoza es del agua" (se puede leer completo al final de la nota) recorre el camino que recorrió el gobernador de la tercera gestión radical para abrir el camino a la megaminería metalífera tras el frustrado intento de Rodolfo Suarez de derribar sin más la 7722.
Cornejo impuso primero el Código de Procedimiento Minero -que convirtió en letra muerta la Ley 7722- y siguió con la adhesión al RIGI que impulsó Javier Milei para tender la alfombra roja a las mineras. Luego instaló la discusión por el Código de Aguas, que postergó para el 2025 por la oposición de los sectores productivos, y por fin avanzó con el paquete de proyectos para dinamitar la cordillera en busca de cobre.
"El Estado, tanto a nivel provincial como nacional, han promovido este 2024 un marco de legislaciones favorables a expensas de la legalidad y de la falta de licencia social, tanto en Mendoza, como en Jujuy y en el resto de las provincias susceptibles de ser explotables", señala el informe de XUMEK.
XUMEK apunta que el Código de Procedimiento Minero "sustituyó al Decreto 299 de 1945– para darle agilidad a la gestión minera en un contexto internacional que demanda la explotación de nuestros minerales para generar energías renovables y dejar los combustibles fósiles, un contradictorio de la llamada 'transición energética'".
"Al respecto, es preciso aclarar que no se abrió ningún tipo de participación o consulta ciudadana para su reformulación y que la mayoría de los movimientos sociales, ambientales y territoriales de la provincia, han rechazado este Código", remarca el informe.
El rol de Mekorot
En paralelo, indica XUMEX, sigue avanzando la "consultoría" de Mekorot para diseñar un "Plan Maestro para el manejo de los recursos hídricos y el saneamiento en la provincia", quienes "por estos momentos se encuentran calculando el valor económico del agua en Mendoza".
La organización denuncia que "todo este nuevo cuerpo legal busca cimentar las bases del saqueo, destrucción y contaminación para nuestra provincia, en aras de la 'transición energética'.
"Más allá de todos los incumplimientos constitucionales y procedimentales a los cuales ya hemos hecho referencia, nos parece importante reflexionar sobre cuál es la manera de determinar si existe o no licencia social para un proyecto de semejante escala en la provincia", propone el informe.
La falsa escucha en las audiencias
Por otra parte, el reporte anual de la ONG calificó de "maquillaje" al mecanismo de supuesta participación social que impulsó el Ejecutivo para hacer pasar el MDMO.
"Las Audiencias Públicas de la provincia, están sólo reflejando cómo se maquilla de consenso y participación, el ejercicio del poder, que luego –además– es legitimado por los medios hegemónicos de comunicación. Estamos viviendo un momento histórico crucial, de cambios estratégicos en la manera de administrar los bienes naturales en la provincia", remarca.
Y sigue: "Estos temas no deberían debatirse como proyectos separados y desvinculados, sino como la continuidad de distintas políticas públicas que integran un todo, a saber, el manejo de los recursos naturales, en particular los mineros y la gestión del agua, recurso esencial para llevar a cabo las actividades extractivas".
Algunas conclusiones
La organización da cuenta de que la modificación de leyes a pedido de los lobbistas mineros, la entrega del diseño del manejo del agua a Mekorot, la adhesión al RIGI y la imposición de MDMO revelan "el rol funcional del Estado provincial y nacional, entreguista de nuestros bienes comunes. Favoreciendo así a grandes corporaciones extractivas internacionales por un lado y dejando pobreza y pasivos ambientales en el territorio nacional por el otro".
Señala además que megaproyectos, como el MDMO, "implican graves consecuencias sobre las escasas fuentes de agua, la preservación de un ambiente sano y el acceso a los derechos humanos en condiciones de dignidad. Esta manera de proceder es contraria al derecho, viola tratados internacionales, no consulta la población en general ni los pueblos indígenas en particular, y no respeta los derechos de acceso característicos de una democracia ambiental".
