Alfredo Cornejo mandó a blindar la Legislatura de policías desde hoy y hasta el 9 de diciembre, cuando se discuta en la sesión del Senado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge. El operativo comenzó este miércoles con relevamientos de efectivos y horas extra a pagar, y se intensificará en los días previos a la sesión decisiva.
Será un día histórico y el Gobierno conoce muy bien la resistencia social que genera en vastos sectores de Mendoza el proyecto extractivista, por más que leyó en el resultados de las elecciones la «licencia social» para avanzar.
Cornejo tiene votos propios para aprobar el paquete de leyes mineras en el Senado, incluídas las DIA de San Jorge y MDMO2
La medida busca garantizar que el oficialismo pueda convertir en ley un proyecto que hace 14 años fue rechazado en la misma instancia, en medio de protestas masivas.
El recuerdo de aquel diciembre de 2011, cuando la Legislatura se vio rodeada por miles de manifestantes que frenaron la iniciativa, y de diciembre de 2019, cuando el oficialismo tuvo que retrotraer la reforma de la 7722, explica la magnitud del operativo actual: el Gobierno no quiere sorpresas y apuesta a un cerco de seguridad que asegure el desarrollo de la sesión.
Caminata por el agua
Mientras tanto, desde Uspallata se organiza una movilización que pretende desafiar ese blindaje. Vecinos y asambleístas iniciarán el 8 de diciembre la denominada “gesta liberadora por el agua”, una caminata que recorrerá más de 100 kilómetros hasta llegar a la Legislatura el mismo día de la votación. El trayecto, pensado para que cualquiera pueda sumarse en distintos tramos, contará con postas de descanso, agua y alimentos. La convocatoria es abierta y busca visibilizar el rechazo social a la minería en la cordillera.
La marcha simboliza la defensa del recurso hídrico frente a un proyecto cuestionado por su impacto ambiental. El contraste es evidente: mientras el Gobierno refuerza la seguridad institucional, las organizaciones sociales refuerzan la presencia territorial.
Despacho exprés y regalías en disputa
El blindaje no es solo físico. También se traduce en la estrategia parlamentaria del oficialismo, que este miércoles apuró un despacho de mayoría en el plenario de comisiones del Senado. Con frases dilatorias como “eso se puede hablar más adelante”, los legisladores oficialistas evitaron responder objeciones de la oposición sobre regalías mineras, uso del agua y riesgos del dique de colas.
El trasfondo técnico y las objeciones por el uso del agua de PSJ y los dictámenes sobre tóxicos quedaron relegados por la urgencia política
La discusión duró menos de una hora y estuvo comandada por Yamel Ases, presidenta de la Comisión de Ambiente. El oficialismo notificó a la prensa el despacho favorable cuando el plenario ya se había levantado, dejando abierta la posibilidad de incorporar despachos de minoría en las próximas horas.
La oposición cuestionó el apuro y denunció falta de debate sobre aspectos críticos. “Estaban apurados como si tuvieran que ir al acto de la escuela”, ironizó un senador opositor. Entre los puntos más sensibles, se destacó la posibilidad de que el Ejecutivo rebaje regalías a pedido de las empresas, algo que para el Partido Verde debería quedar en manos de la Legislatura.
Argumentos oficiales y objeciones técnicas
El oficialismo insiste en que el proceso ya fue suficientemente discutido: nueve meses de trabajo, más de 100 profesionales involucrados, audiencias públicas con 750 oradores y casi 7.000 presentaciones escritas, de las cuales más de 6.000 apoyaron el proyecto. La Comisión de Evaluación Ambiental (CEIAM) firmó el dictamen que derivó en la DIA aprobatoria remitida por el Ejecutivo.
Sin embargo, las objeciones persisten. El uso del arroyo El Tigre mediante el método de “tirolesa” genera preocupación por la cuenca aguas abajo. Irrigación recordó que todo caudal natural es público, mientras la empresa lo plantea como si fuera de dominio privado. Legisladores opositores anticiparon posibles demandas judiciales.
Un diciembre decisivo
El operativo de blindaje de la Legislatura se convierte así en el símbolo de un diciembre decisivo. De un lado, el oficialismo que busca aprobar San Jorge y abrir la puerta a 27 proyectos de exploración en Malargüe. Del otro, vecinos y asambleístas que marchan por el agua, recordando que hace 14 años lograron frenar la misma iniciativa.
La tensión entre seguridad institucional y movilización social marcará la jornada. El Gobierno apuesta a que el blindaje garantice la sesión y la aprobación. Las organizaciones sociales apuestan a que la caminata y la presencia en la plaza logren torcer el rumbo.
El 9 de diciembre, la Legislatura de Mendoza será escenario de una disputa que trasciende lo técnico y lo político: se trata de quién logra imponer su narrativa sobre el futuro del agua y la minería en la provincia.